Pascua implica a Reyes Estévez y Nuria Fernández en la trama de dopaje

La declaración ante la Guardia Civil del entrenador Manuel Pascua, uno de los implicados en la "Operación Galgo", deja en una situación muy comprometida a estrellas del atletismo español, como Nuria Fernández y Reyes Estévez, que supuestamente habrían seguido un plan de dopaje. Según una información publicada ayer por el diario "El País", Pascua reconoce que los documentos encontrados en su casa eran parte de la planificación de los atletas. No obstante, fuentes jurídicas consideran muy probable que Manuel Pascua se retracte cuando declare ante el juez que instruye la "Operación Galgo".

La Guardia Civil encontró en el domicilio de Pascua un calendario con fechas señaladas con "equis" y unas siglas. Pascua explicó que las "equis"se corresponden con fechas importantes de la competición en las que los atletas debían estar al máximo rendimiento deportivo y sin restos de sustancias o métodos prohibidos en el organismo.

Las siglas, según la Guardia Civil, están compuestas de letras que identifican a los nombres y números por la distancia de la prueba. Así, A15 correspondería a Nuria Fernández, campeona de Europa de 1.500 metros. El B15-30 identificaría a Reyes Estévez, bronce mundial en 1.500 y que también corre los 3.000 metros. El B50E se refiere a Alemayehu Bezabeh, al que la federación le impidió participar en el reciente Campeonato de Europa de cross. Otros atletas citados son Digna Luz, especialista en 100 metros, o los ochocentistas Eugenio Barrios y Miguel Quesada.

Incluso aparece el nombre de una atleta holandesa, Adriënne Stefanie Herzog, identificada con las siglas Aa50, que se puso en contacto con Pascua para que le administrase EPO. El entrenador descartó la EPO y le aconsejó el dopaje sanguíneo porque es "lo único que no da positivo". Para ello le puso en contacto con Alberto León, ex ciclista de mountain bike, que fue detenido el día 9 de diciembre cuando iba a realizar una transfusión a Bezabeh.

Pascua está imputado por un delito contra la salud pública penado con entre seis meses y dos años de cárcel. La Guardia Civil vigiló durante meses a Pascua, para lo que interceptó llamadas y mensajes.