El Celta pone hoy fin a un año de vida bajo administración judicial. El proceso concursal al que el club vigués se acogió en junio pasado para evitar la quiebra se completará a las 9.30 horas en el Juzgado Número 1 de lo Mercantil de Pontevedra con la firma de un convenio de acreedores que permitirá una rebaja de la deuda de 69 a 30 millones de euros.
La entidad que preside Carlos Mouriño se ha garantizado la aprobación del convenio gracias al acuerdo suscrito, tras meses de arduas negociaciones, con sus dos acreedores mayoritarios, Caixanova y la Agencia Tributaria, que condonan 12 y 8 millones de euros, respectivamente. El director general celeste, Antonio Chaves, y la abogada Alejandra Estévez han llevado el peso de una negociación de un acuerdo en condiciones bastante ventajosas para el Celta, que se fija un plazo de diez años para sanear por completo sus arcas.
El club propondrá a sus acreedores tres modalidades de liberación de la deuda: quita del 50 por ciento, del 85 por ciento o del 100 por ciento.
La primera fórmula contará con una carencia de dos años desde la aprobación del convenio y pone dos condiciones. Por un lado el club se fija un plazo máximo de amortización de 30 años, por otro, se destinará al pago de la deuda el 20 por ciento de los ingresos por futuras ventas o cesiones de futbolistas.
La segunda modalidad limita el cobro al 15 por ciento de la deuda de los créditos ordinarios acumulados a un plazo de cinco años. El Celta se compromete a hacer efectivos los pagos en cinco pagos anuales.
Esta fórmula ha suscitado el rechazo de los pequeños y medianos acreedores, que la consideran abusiva y podría suscitar impugnaciones. La Ley Concursal contempla como máximo una quita del 50 por ciento y una espera de cinco años. Sólo en supuestos extraordinarios la quita puede ampliarse hasta un máximo del 85 por ciento, siempre que la empresa acogida al proceso sea "motor de la economía local". No parece que éste sea estrictamente el caso del Celta y se espera que por este motivo algunos pequeños acreedores impugnen el convenio. No obstante, el club vigués cuenta con informes favorables de la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de Vigo y los propios administradores concursales, para acogerse a este supuesto extraordinario que contempla la ley.
Los acreedores que no estén de acuerdo con la resolución tendrán un plazo de diez días para impugnarlo.
La tercera fórmula es la capitalización de la deuda a través de las suscripción de nuevos títulos de la entidad. Con tal motivo, la junta de accionistas del Celta tendrá que aprobar en los próximos meses una ampliación de capital a la que el presidente, Carlos Mouriño, concurrirá con cerca de tres millones de euros. A esta fórmula se espera se acojan algunos de los pequeños acreedores.
El Celta pondrá fin la proceso concursal en menos de un año, un tiempo récord y en unas condiciones excepcionales, si se compara con el de otros clubes de fútbol que se han acogido a la suspensión de pagos en el pasado reciente. Los procesos del Málaga, el Sporting o Las Palmas, por citar algunos ejemplos, se prolongaron más meses en el tiempo y ninguno de ellos ha obtenido unas condiciones tan ventajosas como las que ha conseguido el club vigués.
