El Celta vivió en una burbuja durante los últimos años de la presidencia de Horacio Gómez, que explotó cuando fallaron los resultados deportivos. En esa época se maquillaron los balances económicos para evitar la bancarrota de un club que gastaba muy por encima de sus ingresos, según consta en el informe que los administradores concursales presentaron ayer ante el Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Pontevedra. Las conclusiones sobre la gestión del club desde el ejercicio 2002-2003 hasta que cuatro años después Carlos Mouriño se convirtió en accionista mayoritario son demoledoras, hasta el punto de que los tres expertos nombrados por la juez Zulema Gento Castro advierten de la existencia de “irregularidades que no se reflejaron en los informes de auditoría”. Los administradores concursales son directos, claros y contundentes en sus juicios sobre la manera de llevar un equipo que comenzó a resquebrajarse definitivamente cuando descendió al concluir la temporada 2006-2007. Se reconoce en el mismo que el estado actual de insolvencia viene generado de los resultados deportivos de las dos últimas temporadas. No obstante, se sostiene a continuación en dicho informe que la crisis económica que puede condenar al Celta a la desaparición tras ocho décadas de historia,“tiene orígenes mucho más estructurales y anteriores en el tiempo, y deriva de una política disparatada de gastos, desde el punto de vista económico, particularmente en contrataciones de jugadores y técnicos, porque no se han tenido en cuenta las limitaciones que la capacidad financiera de la entidad podía soportar”. Una de las conclusiones de los expertos concursales es que, después de analizar las cifras de los informes de auditoría y de memoria de los tres últimos ejercicios de la presidencia de Horacio Gómez, el Celta quedó completamente descapitalizado, lo que obligaba a presentar un expediente de quiebra: “La sociedad ha venido funcionando con fondos propios negativos; es decir, sin patrimonio alguno, desde la temporada 2002-2003, habiendo incumplido desde entonces la obligación legal de disolverse por haber acumulado pérdidas que la descapitalizaron por completo, sin que tampoco haya ni siquiera intentado ampliar el capital o buscar en momento oportuno el reequilibrio patrimonial, mediante un procedimiento concursal instado en épocas idóneas”.