El proceso concursal al que el Celta se acogió a finales del pasado mes de junio entra en una fase decisiva. Los tres administradores judiciales que gobiernan la entidad tienen ya casi listo el informe que recoge el pasivo del club y la clasificación de la deuda. Fuentes de la administración judicial del Celta confirmaron ayer a este diario que el plazo para la emisión del dictamen concluye el próximo viernes y que está prácticamente listo, a falta de una última reunión que los tres expertos designados por la jueza, el abogado Carlos Pérez-Bouzada, el economista Francisco Prada Gayoso y el inspector de Hacienda, José González Vázquez, mantendrán en los próximos días para cerrar los flecos pendientes.
La cuantía del pasivo total del Celta que se refleja en el informe coincide, según ha podido averiguar este periódico, con la estimada por el club y ronda los 80 millones de euros. La deuda con Caixanova se acerca a los 23 millones de euros mientras que la Agencia Tributaria reclama al club más de 20 millones.
El informe de los adminstradores judiciales determinará el pasivo y el activo de la sociedad y establecerá, asimismo, la cuantía y naturaleza de los créditos, verdadero caballo de batalla para la supervivencia del club. La viabilidad del Celta pasa por que se alcance un convenio de acreedores que evite la liquidación de la sociedad. Para la formalización de dicho acuerdo, la Ley Concursal exige que éste recoja más del 50 por ciento de la deuda ordinaria, es decir, de los créditos que no cuentan con garantías de cobro.
La clave de la negociación
El Celta calcula que Caixanova acumula entre el cuarenta y el sesenta por ciento del total de la deuda ordinaria y trata de negociar directamente con la entidad crediticia un convenio anticipado de acreedores que permita articular un plan de salvación. En otras palabras, la supervivencia del club depende, fundamentalmente, de la cuantía que se clasifique como deuda ordinaria y de la disposición de Caixanova a renunciar a parte de ella. La ley contempla una quita (liberación de la deuda) máxima del 50 por ciento (que puede incrementarse en supuestos extraordinarios hasta el 60) y de una espera (tiempo de cobro) máximo de cinco años.
Las negociaciones entre el Celta y Caixanova se prolongan desde hace meses y se han intensificado en los últimos días, coincidiendo con el final del plazo para la emisión del informe de los administradores concursales.La negociación se ha llevado con gran hermetismo, especialmente por parte de la entidad crediticia, cuyo mutismo ha sido absoluto.
El Celta, mientras, se ha esforzado por mantener un discurso optimista, pero no ha ofrecido argumentos que lo justifiquen más allá de su negativa a creer que una institución tan arraigada en la sociedad viguesa como Caixanova deje morir al más importante club deportivo de la ciudad. "Estamos completamente seguros de que vamos a alcanzar a un acuerdo. Ahora bien, la manija la tienen ellos", señalaba hace unos días el director general del club, Antonio Chaves.
En las últimas semanas, el Celta ha introducido un nuevo factor en la negociación: intentar convencer a Caixanova de que capitalice parte de su deuda a través de la emisión de acciones del Celta. La junta de accionistas planea, de hecho, aprobar una nueva ampliación de capital a medida de la ley concursal que dará opción a sus acreedores a renunciar a la quita y capitalizar sus créditos mediante la suscripión de nuevas accciones.
Esta medida implica la revocación de la ampliación de capital aprobada en la junta de accionistas del pasado año en la que los nuevos títulos se suscribían únicamente por aportación dineraria y en condiciones (con una prima de emisión de 180 euros) muy poco realistas.
