La vida del Celta está desde ahora sujeta a la supervisión de los tres interventores judiciales nombrados el pasado lunes por Aurelia Montenegro, magistrada suplente del Juzgando Número 1 de lo Mercantil de Pontevedra. El vigués Carlos Pérez-Bouzada, el ourensano Francisco Prada Gayoso y un administrador más que en breve debe designar la Hacienda Pública deberán determinar en los próximos meses si el club es viable. Será un proceso duro y arduo, que se iniciará con el examen por parte de los administradores del grado de insolvencia de la entidad.
La lista de acreedores
Una vez nombrados, los administradores concursales deben personarse en el domicilio social del club y solicitar la documentación para examinar la evolución de la sociedad en los tres últimos años con la finalidad de elaborar un informe que determine su situación económica y cuáles son los motivos por los que se ha llegado a este estado. Su principal cometido, sin embargo, será elaborar un plan de viabilidad para su pervivencia.
El Celta esperaba poder haberse reunido ayer con los tres administradores y su principal acreedor, Caixanova, pero esto no ha sido posible porque dos de ellos aceptarán hoy el cargo tercero pendiente de designación por el Fisco. El encuentro, sin embargo, debe producirse en los próximos días.
La primera misión de los administradores será determinar los acreedores y los bienes y derechos de la sociedad. Para ello, se establece una lista de acreedores, que tendrán un plazo de un mes para personarse como tales en el juzgado. Posteriormente, se verificará la realidad de los créditos, se establecerá el activo y el pasivo de la sociedad y se emitirá el informe que expresará si la empresa es viable o si debe ir a la liquidación.
Para que sociedad sea viable debe llegarse a un convenio de acreedores. El plan de viabilidad fija el presupuesto para el convenio de acreedores, que suele ser, por lo general, la negociación más ardua y compleja.
Los plazos
Los administradores tienen un plazo de un mes, prorrogable en otros dos, para emitir su informe. Al ser el mes de agosto inhábil, el plazo se amplía un mes más. Una vez publicado el dictamen de los administradores en el Boletín Oficial del Estado (BOE), comienza la fase de impugnación de la lista de créditos por parte de los acreedores. Esta fase puede durar entre cuatro y cinco meses. Los acreedores que estén disconformes, bien con la cantidad que se les ha fijado, bien con la naturaleza del crédito (ordinario, privilegiado o subordinado) pueden impugnarlo. Concluido este proceso, se elabora el informe definitivo y en este momento se inicia la fase de negociación del convenio de acreedores, que puede durar tres o cuatro meses más.
Denuncias ante la AFE
La decisión de dejar sin efecto las denuncias ante la AFE por impago a los jugadores y evitar, de este modo, un posible descenso administrativo, queda a criterio del juez. El ex magistrado Juan José Cobo Plana, instructor del proceso concursal de la UD Las Palmas, fue el primero que dictaminó en España sobre este asunto y concluyó que la Ley Concursal no otorgaba ningún tipo de privilegio a los jugadores. En otras palabras, falló que el club no podía pagar ninguna deuda hasta que quedase establecido el convenio de acreedores porque así lo establece la Ley y al no depender el pago de la deuda de su voluntad, no podría ser sancionado. La decisión tomada por el el juez Cobo Plana fue seguida posteriormente por el juez encargado del proceso concursal del Málaga, pero no por el instructor del proceso del Sporting de Gijón, que se inhibió. La decisión va a depender, por tanto, de la jueza.
La prioridad de cobro
Tienen prioridad de cobro los créditos privilegiados (aquellos que cuentan con alguna garantía de cobro), Hacienda y la Seguridad Social, así como los trabajadores en un porcentaje del 25 por ciento, además de los propios administradores concursales.
Convenio anticipado
El convenio anticipado facilita las cosas, pues evita la fase de la tramitación del convenio de acreedores. El convenio anticipado, si hay acuerdo adhesión suficiente, permite anticipar la puesta en marcha del plan de viabilidad. Sin embargo, no evita la fase de impugnación del informe y el establecimiento de la lista de acreedores.
El Celta lleva meses sin éxito negociando con Caixanova, su principal acreedor, un convenio anticipado que hasta ahora no ha sido posible debido a las discrepancias sobre la deuda privilegiada (aquella sobre la que la entidad crediticia tiene garantías de cobro). Los principales acreedores del Celta son Caixanova (24 millones d euros, de los cuales sólo aproximadamente un tercio no cuenta con avales) y la Hacienda Pública, a la que el club vigués debe 18 millones.
La gestión
Al haber solicitado el concurso de acreedores de forma voluntaria, el consejo de administración del Celta podrá mantener la gestión de la sociedad bajo la supervisión de los administradores concursales. En otras palabras que Carlos Mouriño y sus consejeros mantendrán sus competencias, aunque bajo la intervención de los administradores concursales que tendrán que dar el visto bueno a cualquier operación económica de cierta relevancia.
¿Cómo afectará eso a los fichajes realizados y las operaciones en curso? Tendrán que ser examinados por los administradores concursales aunque, por lo general, si se adecúan al mercado, deberían contar con su aprobación. Un símil: los administradores concursales serían como miembros del consejo con la mayoría de los votos. Habrá, por tanto, que convencerles de la conveniencia para la entidad de cualquier tipo de operación reciente o futura.
