La Hacienda Pública es la encargada de nombrar al tercer administrador concursal para el proceso voluntario del Celta, que fue admitido a trámite el pasado lunes por la magistrada Aurelia Montenegro.
Hay que recordar que este organismo público es el segundo de los acreedores en este complicado proceso. El club vigués tiene una deuda que asciende hasta los 18 millones de euros con la entidad, un dato que ha podido influir en la decisión de que sean ellos los responsables de este tercer nombramiento.
Los tres administradores serán los encargados de realizar un informe que evalúe y dictamine el estado real de la economía del club, un paso previo que es imprescindible para firmar el convenio con los acreedores que salve al Celta.
