El Celta ha entrado en concurso de acreedores. Aurelia Montenegro, magistrada del Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Pontevedra, ha admitido a trámite la solicitud presentada por el club vigués la pasada semana y ha dictado el auto en el que se declara en concurso a la sociedad que preside Carlos Mouriño y se nombran los tres administradores judiciales que gestionarán a partir de ahora la entidad.
De dos de ellos ya se conoce la identidad. Son el abogado vigués Carlos Pérez-Bouzada y el auditor ourensano Francisco Prado Gayoso. Un tercero será nombrado por Hacienda, uno de los principales acreedores del club. Su principal misión será realizar un dictamen sobre el estado de la sociedad. El informe es imprescindible para formalizar el convenio de acreedores con el que reflotar la entidad. Si no se consiguiese llegar al convenio, se procedería a la liquidación de la sociedad y, por consiguiente, a la desaparición del Celta.
Los administradores tienen tres meses de plazo (dos más otro de prórroga) para emitir su dictamen. No obstante, al ser el mes de agosto inhábil en los juzgados, el plazo se prologará hasta el mes de noviembre.
La idea del Celta, no obstante, es presentar el convenio de forma anticipada. Para ello, el club negocia a marchas forzadas con Caixanova, su principal acreedor. La negociación se inició hace meses y está siendo más difícil y prolongada de lo que esperaba el club. Los administradores nombrados ayer pueden ahora mediar entre ambas partes. El Celta, de hecho, esperaba poder reunirse hoy con los administradores y la entidad crediticia para intentar avanzar en la negociación, aunque se ha aplazado.
La clave de la negociación con Caixanova está en la deuda privilegiada, es decir, aquella sobre la que la entidad bancaria tiene garantías de cobro y no ve razones para rebajar en los términos que pretende el Celta.
Al haber solicitado la entrada en concurso de modo voluntario el consejo de administración celeste conservará potestad sobre la gestión deportiva del club bajo la supervisión de los administradores. Ello le ha permitido dar altas y bajas y continuar con su vida de modo más o menos normal. No obstante, el plan de viabilidad que prepara Carlos Mouriño para reflotar la entidad en cinco años (el tiempo máximo de espera que permite la ley) tan sólo se podrá llevar adelante si se formaliza previamente el convenio de acreedores.
Por otra parte, la Ley Concursal exime al Celta de posibles responsabilidades ante denuncias por impago a sus jugadores. El plazo de presentación de denuncias ante la AFE se cerró el pasado día 30 y, aunque el Celta estará seguramente entre los clubes morosos, ya no podrá ser descendido administrativamente a Segunda División B.
