El juzgado de lo Mercantil Número 1 de Pontevedra se convertirá en el punto de referencia para los dirigentes célticos en las próximas semanas. De ahí partirán todas las decisiones que la juez titular ha de adoptar para poner en marcha, si considera procedente, la ley concursal a la que el club desea acogerse para evitar la quiebra. Presentada la solicitud de este concurso de acreedores, el lunes pasado, el Celta esperará con atención las nuevas que le permitan abrir el camino para sanear la maltrecha economía y evitar la desaparición de una entidad que a mediados de agosto cumplirá ochenta y cinco años de historia.

La primera noticia que se espera de las dependencias judiciales de la capital provincial es que la juez admita a trámite la petición de acogerse al proceso concursal. Ello podría darse a conocer a lo largo de los próximos días.

Después, el juzgado nombrará a los tres administradores concursales -entre ellos se baraja el nombre de Carlos Mantilla, ponente de la Ley Concursal que entró en vigor en septiembre de 2004-. Éstos se encargarán de controlar las cuentas del club, que seguirá regido por la actual directiva.

El siguiente paso consistirá en la elaboración de un informe sobre el estado de cuentas de la sociedad, para el que el juez podrá demandar balances de temporadas del anterior mandatario del club, Horacio Gómez.

Una vez conocida la situación económica, el proceso concursal proseguirá con la formalización del convenio de acreedores. Para ello, ha de contar, como mínimo, con el beneplácito del 20 por ciento de los que tienen cobros pendientes con el Celta.

Este paso queda a expensas de la decisión de Caixanova, principal acreedora, con la que la directiva que preside Carlos Mouriño mantiene negociaciones. En caso de fracasar las mismas, el club se vería abocado a la desaparición.

Establecido el convenio, la siguiente etapa de este proceso será constituir la junta de acreedores.

Por último, tendrá que activarse el plan de viabilidad, en el que se establecerán los plazos del pago de la deuda, que tendrá una quita del 50 por ciento como máximo. Ello supone que de los 84 millones de euros brutos que debe en estos momentos el club, tenga que hacer frente a la mitad. El plazo para acometer la totalidad del proceso concursal es de cinco años. Mientras, las miradas estarán puestas en el juzgado.