El cine se protegerá como los monumentos: así es la reforma de la ley de Patrimonio Histórico

El Gobierno, a petición del Ministerio de Cultura y Deporte, ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Reforma de la Legislación del Patrimonio Histórico Español.

La reforma, entre otras cosas, busca proteger el patrimonio audiovisual y cinematográfico y proteger las filmotecas como archivos que guardan bienes culturales, así como reconocer los patrimonios industrial, inmaterial, subacuático y cinematográfico y audiovisual, según han señalado a Europa Press fuentes del Ministerio de Cultura.

Con este proyecto de ley el Gobierno pretende "poner al día" una ley que "fue muy buena" en su tiempo, en 1985, pero que "necesitaba una adecuación a la realidad de los bienes culturales del siglo XXI".

En el caso de la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, el Ejecutivo considera que "operan razones de diferente naturaleza, ya que su reforma viene impulsada por la voluntad de contar con un texto que resulte operativo".

La reforma de ambas leyes en virtud de un único texto normativo de modificación se lleva a cabo por un principio de conservación legislativa básico, como la principal de las opciones a la luz del consenso parlamentario y autonómico existente, y con la voluntad de no contribuir a una saturación normativa que genere confusión.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca establecer que los estándares de protección que establece la Ley estatal para los Bienes de Interés Culturales sean obligatorios para las comunidades autónomas que no pueden rebajarlos (que es lo que pretendió la Ley madrileña de 2013 y el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional); y solventar disfunciones en el traslado de un bien de interés cultural de una comunidad autónoma a otra o definir y regular qué es un paisaje cultural.

Asimismo, se regula el entorno de los monumentos, que era un "vacío de la ley vigente", así como la nueva categoría de bienes de interés mundial que se aplicará a los monumentos y conjuntos declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

La nueva norma crea la figura de los Planes de Salvaguardia para los monumentos, a fin de evitar catástrofes como el incendio de Nôtre Dame de París y hace obligatoria la conservación preventiva para que los bienes culturales no se deterioren.

Esta iniciativa también prohíbe el uso no autorizado de detectores de metales para evitar la destrucción de yacimientos y perfecciona el régimen de infracciones y sanciones.

La reforma también prohíbe a la Iglesia enajenar los bienes de interés cultural salvo que se transmitan al Estado u otras Administraciones Publicas, una prohibición que ya existía en los bienes muebles eclesiásticos.

Otras de las finalidades de esta nueva ley son terminar la regulación del Patrimonio Cultural Inmaterial que la ley de 2015 "dejó con tratamiento imperfecto"; dar más contenido a los planes nacionales que en 1985 estaban regulados "de manera muy ligera"; dar más precisión al régimen de los bienes que han salido ilegalmente de España; hacer obligatorias las reglas sobre el uso de cables y rótulos en los conjuntos históricos; y recordar la existencia del Patrimonio Histórico Universitario, de acuerdo con la CRUE.

Con la reforma de la ley, el Gobierno asegura que los bienes culturales dispondrán de "mejores medidas" de protección y al mismo tiempo las administraciones culturales dispondrán de instrumentos "más ágiles y más eficaces" para proteger a esos bines.