Crímenes Misteriosos
Manuel Salgado: asesinato a bocajarro en un garaje
Vigués de 56 años y empleado de una asesoría, falleció en 2004 tras recibir un certero disparo en la cabeza
A las ocho y cuarto de la mañana del viernes 2 de abril de 2004 un joven vecino de la calle Rosalía de Castro de Vigo estacionó su coche en el garaje de su edificio. Venía “de juerga” y no vio nada “anormal”. Subió a su piso y en muy poco tiempo regresó al aparcamiento. Eran las 08.50 horas y se disponía a salir para trabajar. Pero en ese momento sí que se encontró con algo distinto, algo que le llamó la atención: una persona “tumbada” en el suelo. En un primer momento creyó que el individuo estaba simplemente “durmiendo una borrachera”. O quizá era “un mendigo” que se había resguardado para descansar. Así que, como relataría después ante la Policía Nacional y la juez, “no le dio importancia”. Se subió al vehículo y salió del parking.
Al mismo tiempo que este chico arrancaba hacia su trabajo, otro vecino accedía al garaje y bajando por la rampa vio al hombre tirado. Corrió hacia él y observó un charco de sangre. Sospechando que había sido víctima de una grave caída, intentó reanimarlo. No lo logró, así que salió a la calle en busca de ayuda y telefoneó al 061 desde una panadería del barrio. Mientras se producía la llamada de auxilio, un tercer residente, un padre que iba a llevar a su hija al colegio, se topó con la misma sangrienta escena. Rápidamente, introdujo a la niña en su coche y se precipitó, alarmado, hacia la víctima. Le tomó el pulso. No tenía. Comprobó si respiraba. Tampoco. Estaba muerto.
Todo esto ocurrió en el garaje del edificio número 46 de la calle Rosalía de Castro. Quien estaba en el suelo era Manuel Salgado Fernández, un vecino de 56 años que como cada mañana acababa de estacionar su Seat Córdoba para dirigirse al trabajo, en la cercana García Barbón. Extrabajador de banca, desde hacía años era empleado de una asesoría. Él se encargaba, entre otras tareas, de la gestión de cobros. Caracterizado por su disciplina y puntualidad, aquel 2 de abril, sin embargo, ya no pudo llegar como de costumbre a su hora a la oficina. Ni ese día ni ninguno de los siguientes.
Porque allí, en aquel aparcamiento, este vigués, separado desde años atrás y que en esa época vivía con su hermana, su cuñado y sus sobrinos en la zona de San Juan del Monte, fue víctima de un crimen. Un asesinato, según revelaría después la investigación policial, que no fue casual: entre las 08.15 y las 08.50 horas un individuo solo o en compañía de otros le descerrajó un tiro. El disparo con un arma del calibre 22 fue efectuado a bocajarro e impactó en la zona occipital de su cabeza, prácticamente en la nuca. Letal. La investigación determinaría después que le apuntaron a una distancia que podría oscilar entre apenas unos centímetros y un metro y medio. Una ejecución. Manuel Salgado, sin posibilidad de defenderse, cayó desplomado a cinco metros de la plaza donde acababa de dejar su coche. En el garaje solo estaban él y el autor o autores del disparo. Nadie, ningún vecino, escuchó nada. El estruendo del tiro quedó cubierto por un siniestro manto de silencio.
Los sanitarios intentaron devolver la vida a Manuel pero sus esfuerzos fueron infructuosos. Los primeros policías nacionales acordonaron la zona. Pronto acudieron muchos más agentes. Y la comisión judicial. El caso recayó en el Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo. Junto al cadáver se hallaron evidencias. Dos casquillos del calibre 22 próximos al cuerpo. Tres colillas, dos de la marca Ducados y una más de Kruger, junto a la plaza que usaba el fallecido. Un chicle “mascado”. Y esparcidas por el suelo había también cinco o seis facturas de obras en comunidades de propietarios y viviendas que llevaba la víctima por motivos de trabajo. En varios de estos recibos se hallaron fragmentos de huellas de pisadas. Se recogió todo para ser analizado.
Pronto se descartaron varias hipótesis. Una de ellas, la del robo. Sobre el cuerpo de Manuel Salgado apareció su reloj. También conservaba en el cuello la cadena de oro con la medalla. Al revisar su ropa se encontró la cartera, con documentación personal, tarjetas bancarias y 65 euros en billetes, entre otros efectos. En un bolsillo tenía monedas. Quien lo mató no se llevó nada de valor, salvo las llaves del vehículo y el teléfono móvil. Aquello, por tanto, no encajaba con la hipótesis de un asalto casual y trágico por parte de un ladrón.
Todo lo contrario. La Policía Nacional apreció una clara “premeditación”. Fueron a por él. Manuel era el objetivo. “El homicidio de Manuel Salgado requirió que los autores tuvieran conocimiento completo y exacto de los movimientos y horarios de la víctima, tanto por el lugar en que fue asesinado, como por la franja horaria en la que se produjo el hecho […]”, se refiere en uno de los atestados. Una cuestión que rondó desde el principio a este caso, con gran peso, es que podría tratarse de un crimen por encargo.
Un inesperado descubrimiento avaló la tesis de que aquello había sido “planificado”. Un usuario del garaje, tras el asesinato, entregó a los agentes un cartucho que encontró una semana antes en el parking. Se lo había guardado, sin dárselo a la Policía, ya que en su momento “no le dio importancia”. Los análisis balísticos revelarían que era del calibre 22 y del mismo arma con la que asesinaron a la víctima. Tenía una muesca, como si hubiera sido percutido, pero sin llegar a dispararse. Los investigadores policiales y la juez veían así acreditado que a Manuel ya lo habían tratado de matar días antes. Fue un primer intento fallido. No estaban ante un homicidio imprevisto, circunstancial o espontáneo. Como recalca uno de los autos judiciales, el delito era aún más grave: asesinato.
La jornada del crimen fue ajetreada para la Policía Nacional. Y parecía que también reveladora. Ese día empezaron a acumularse de forma abrumadora testimonios -de familiares, íntimos amigos o personas relacionadas profesionalmente con el fallecido- que apuntaban hacia una única dirección. Varias de estas personas, cercanas a Salgado, incluso se presentaron voluntariamente en comisaría para contar lo que sabían, las confidencias que en algún momento les había hecho la víctima, un hombre habitualmente reservado.
Y esas confesiones íntimas eran, según consta en la causa, que el fallecido se sentía amenazado, que estaba siendo “vigilado y seguido”. Que el miedo con el que vivía le había llevado a trasladarse a casa de su hermana. No se sentía seguro en la suya. “Mi vida tiene fecha de caducidad, como un yogur”, le dijo Manuel en una ocasión a un familiar. Que había llegado a pedir, en un juzgado de Porriño, protección policial por, denunció, amenazas “con arma de fuego”. Que solía cambiar los vehículos en los que se movía y las rutas “por motivos de seguridad”, como concretaría un amigo. El Seat Cordoba que usaba entonces era, de hecho, de un sobrino. En el trabajo también notaron que ya no quería ir siempre a la misma cafetería. “Al final se lo cargó; lo sabía, lo sabía… sabía que lo iban a matar”, llegó incluso a exclamar alguien muy próximo al vigués tras comunicarle la Policía su fallecimiento.
Tal era la convicción de que esta línea de investigación parecía ser la clave que solo horas después del crimen se produjeron las únicas detenciones que hubo hasta ahora en el caso. La de la exesposa del fallecido y la del que entonces era su compañero sentimental. A él lo apresaron esa mañana cuando salía de un bar y se dirigía al comercio que regentaba. A ella la fueron a buscar al colegio que dirigía entonces, situado en el municipio de Mos. Le pidieron que acudiera a comisaría para comparecer como testigo, pero avanzado el interrogatorio, cambió de condición: se suspendió la declaración y se procedió a su arresto.
Las detenciones se prolongaron prácticamente hasta el límite legal de las 72 horas. Durante ese fin de semana la pareja, que prefirió guardar silencio ante la Policía Nacional, hizo una solicitud de “habeas corpus”, alegando que eran objeto de detención ilegal, que nada tenían que ver con el homicidio de Salgado. El juzgado la rechazó. Dadas las circunstancias, había “motivos racionales” para el arresto.
Pero, ¿qué llevó a los apresamientos? La juez instructora, en un auto dictado ya avanzado 2005, el mismo que acabaría derivando en el archivo provisional de la causa, argumentó que los arrestos realizados en el primer momento se produjeron “a la vista de los evidentes indicios que llevaban a pensar que existía la posibilidad” de que estas dos personas “pudieran tener algo que ver con el fallecimiento de la víctima”.
Pero sigamos en abril de 2004. Lo que averiguó la Policía en los días posteriores al asesinato es que Manuel Salgado y su exmujer se habían separado judicialmente años antes, en 1996, tras un matrimonio de 25 años en el que tuvieron dos hijos, quienes tras surgir los problemas acabarían rompiendo la relación con su padre. Porque la ruptura no fue pacífica. En la causa consta que desde el mismo 1996 los excónyuges empezaron a cruzarse numerosas denuncias “por amenazas de muerte y distintos altercados” como lesiones o robo, tanto ante Guardia Civil como Policía Nacional. La gran mayoría eran de él contra ella. Fue en este contexto cuando el hombre pidió la protección policial. Entre ambos, se concreta en las diligencias, había “muy malas relaciones”.
Dos hechos se tuvieron muy en cuenta en las pesquisas. El primero se recoge en una sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 2001, confirmada por el Tribunal Supremo, en la que la exesposa del fallecido aparece como una de las personas condenadas en un caso de escuchas telefónicas realizadas por una agencia de detectives privados. Estos hechos se remontaban a los años 90. Entonces a ella le impusieron dos años y medio de cárcel. La mujer esgrimió en el juicio que ordenó interceptar las conversaciones telefónicas de su marido para descubrir si le era infiel. La investigación del crimen valoró como “posible móvil” que Salgado se hubiese negado a darle su perdón “para que ella consiguiera el indulto que había solicitado”.
El segundo hecho apuntaba a otro litigio judicial que la Audiencia pontevedresa resolvió con una sentencia firme en febrero de 2004, mes y medio antes del crimen. El fallo civil condenaba a la mujer a devolver a su exesposo unos bienes que había recibido mediante escritura notarial de compraventa, que sería declarada nula. El fallecido le había transmitido ese patrimonio en 1996 bajo la condición inexcusable de que reanudarían la vida conyugal, pero poco después de la rúbrica ella presentaría una demanda de separación. Para la Justicia, tener que afrontar esa devolución constituía otro “posible móvil”. El valor de los bienes en cuestión, según la escritura notarial, superaba los 30 millones de pesetas. Pero había periciales que elevaban la tasación por encima de los 120.
Los detenidos comparecieron ante la juez el 5 de abril de 2004. Negaron su relación con el asesinato. La exmujer relató que la madrugada del 2 de abril ni ella ni su pareja salieron de casa y que permanecieron en ella hasta las 10.00 horas. Es decir, que estaban en su vivienda en el momento del disparo. Pese al cruce de denuncias judiciales desde la ruptura matrimonial, ella aseguró que no sentía inquina por quien había sido su marido. Y calificó de falso que le hubiese suplicado su perdón para obtener el indulto.
Su compañero sentimental reiteró la declaración: el día del asesinato ellos no salieron de casa hasta las diez de la mañana. Su coartada la sustentaron tanto la empleada del hogar como un peluquero a domicilio. Este confirmó que, a la misma hora que Manuel recibía el disparo mortal, él estaba peinando a la mujer en su chalé.
Tras escuchar a unos y a otros, la juez, como solicitó la Fiscalía, decretó la libertad provisional de la pareja, con la medida cautelar, que se mantuvo durante un tiempo, de acudir a firmar a los juzgados. Porque seguían imputados. Las pesquisas policiales de los siguientes meses fueron muy “laboriosas y complejas”. Ninguna coincidencia en las colillas, en las huellas… Nada que permitiera avanzar en las pruebas de residuos de disparos. Los resultados eran negativos. Tampoco aparecían datos relevantes en la investigación de los teléfonos o en las llamadas telefónicas hechas la mañana y el mediodía del asesinato desde varias cabinas próximas al garaje de Rosalía de Castro.
Vecinos del edificio testificaron que habían visto por allí a personas que parecían ser “del Este” en días anteriores al crimen. Pero creían que estos individuos podían ser simplemente “aparcacoches”. Esta pista acabaría en vía muerta. También se llegó a indagar en una carta anónima remitida al comisario de Vigo en la que se decía enigmáticamente que un “brujo de Vigo” sabía mucho del tema.
Uno de los detectives del asunto de los “pinchazos” telefónicos también fue interrogado en prisión. En vano. No había resultados. Las pruebas no llegaban. Paralelamente a las pesquisas policiales, Vigo se llenaba de carteles que anunciaban una recompensa “por cualquier indicio” que permitiese dar con el asesino de Manuel Salgado. Otra iniciativa, impulsada por los sobrinos de la víctima, que acabaría condenada al fracaso.
Mientras transcurría el tiempo, las defensas no dejaban de instar a la juez el archivo libre, definitivo, de la causa con respecto a sus clientes. Ni ella ni él, argumentaban los abogados en sus escritos, tenían nada que ver con el destino fatal de Salgado: ni habían sido ellos ni se sirvieron de terceros para ejecutar el crimen. Que el fallecido y su exmujer estuviesen enemistados no era, se insistía en esos escritos, indicio de culpabilidad. La mujer, alegaba el jurista que la representaba para replicar las sospechas policiales, tampoco necesitaba el perdón de su ex para el indulto. Esgrimió que se le conmutó la pena rebajándola a dos años, un tiempo que evitaba su ingreso en prisión.
Un crimen tampoco liberaba a la investigada, señalaba el letrado, de devolver el patrimonio que le imponía la sentencia civil. El vigués asesinado, que solo dos años antes había desheredado a sus hijos, nombró heredera universal a su hermana -aunque esto cambió tras la muerte de Manuel Salgado, ya que sus hijos impugnaron el testamento y esta mujer solo se quedó con el 33%, el denominado tercio de libre disposición-. En los escritos de la defensa se citaban también las denuncias del hombre contra su exesposa por amenazas, lesiones, robo…, pero para concretar a continuación que habían finalizado con archivos o fallos absolutorios. La posición de esta parte era firme en este punto: Salgado le imputaba “falsos delitos” a su representada con el único propósito de “desprestigiarla”.
Sin ningún paso firme, mucho menos definitivo, la única realidad es que la instrucción judicial se encontró en un callejón sin salida avanzado 2005. La parálisis era tal que la juez dictaba en octubre de ese año un auto acordando la conclusión del sumario para su elevación a la Audiencia Provincial de Pontevedra, órgano al que proponía que dictase el sobreseimiento provisional. Aunque había “indicios altamente sospechosos como para vincular la muerte por arma de fuego de Manuel Salgado a la mala relación” de la víctima con su ex y la pareja de ella, como “seguimientos ordenados por ellos”, “causas” y “móviles”, lo cierto, se argumentaba en el texto, “es que a lo largo de la instrucción y, por el momento, no existe una prueba objetiva de cargo que permita la formalización de la imputación respecto de los dos imputados”. Porque ningún vestigio biológico de los hallados en la escena del crimen coincidía con ellos. Nada. Cero.
La Sección Quinta de la Audiencia se sumó a la propuesta de la magistrada y el 30 de enero de 2006 sobreseyó provisionalmente la causa. Los imputados quedaban libres de cargos. Una decisión que esa misma sala ratificaría en otro auto, de marzo del mismo año. El archivo, en todo caso, no fue definitivo. La juez instructora, en el auto previo, recordaba que seguía existiendo un delito. Un crimen a quemarropa. Y alertaba de que si en el futuro aparecían nuevas pruebas, respecto de los imputados o de terceras personas, “procedería la reapertura”.
Y pasaron años, muchos años, pero este caso se reabrió. Lo hizo el juzgado encargado de la causa, en la actualidad con otro magistrado al frente, a finales de este pasado 2021. Tras la investigación llevada a cabo por un nuevo equipo de la Policía Nacional de Madrid, en la que se concluye que el asesino o asesinos de Manuel Salgado pertenecen a su entorno más cercano, ahora es el turno de que el juez decida si impulsa la instrucción o decreta de nuevo el archivo. El crimen de Rosalía de Castro aún tiene la oportunidad abierta de que se haga justicia.
Los dos sobrinos de la víctima que lucharon desde un principio para que se resolviese la causa mostraban en 2018 su rabia por la falta de avances. “Consideramos que después de 14 años del asesinato la Policía no muestra ningún interés ni dedicación”, afirmaban entonces. Se mostraban críticos con cómo se desarrollaron las pesquisas, calificando de “lamentables” algunos de los pasos que se dieron. Por ejemplo, la “precipitación” en los arrestos. “Las investigaciones, personal y medios solo los centran en crímenes mediáticos y a los que salen en televisión; actualmente el expediente de nuestro tío está en el fondo de un cajón esperando al azar”, decían entonces. “Y mientra, los culpables de su muerte siguen en libertad”, lamentaban estos familiares, que están convencidos de que Manuel Salgado fue asesinado “por dinero”. En la actualidad, tras la reapertura judicial del caso, prefieren guardar silencio a la espera de los avances que aporte la investigación.
Lo cierto es que a la espera de cómo se resuelva la fase actual de investigaciones las incógnitas prosiguen en torno a esta muerte violenta. Más de 18 años después el asesinato de Manuel Salgado sigue esperando una respuesta a la gran pregunta: ¿Quién?
Centenares de personas acudieron al día siguiente del crimen a despedir a Manuel Salgado, quien recibió sepultura en el cementerio de Puxeiros, en la parroquia viguesa de Lavadores. Numerosos ramos y coronas de flores acompañaron a un hombre al que, en su entierro, definieron como persona “de gran corazón”, “nunca había hecho daño a nadie”. Este vigués tenía 56 años cuando fue víctima de un crimen que todavía hoy busca autor. Separado desde hacía años, su apoyo familiar más directo lo proporcionaban su hermana y sus dos sobrinos.
Llevaba una vida regular, metódica y ordenada. Era un individuo reservado, de costumbres fijas. Tenía grandes amigos y conservaba varios de su época de empleado del Banco Exterior de España. Antiguos trabajadores de la entidad, un año después del asesinato, se reunieron en la localidad de Arbo para rendirle un tributo. El personal de la asesoría en la que desarrollaría su labor los últimos años hasta su muerte también le tenía aprecio. Varios compañeros confesaron entonces que más que colegas eran amigos íntimos. Con sus más cercanos se solía reunir los viernes a cenar. En los últimos tiempos ellos lo notaban “triste y decaído”. “No vivía tranquilo por las amenazas que recibía”, contó a la Policía uno de ellos. Desde años atrás mantenía una relación sentimental estable con una mujer de Ourense a la que solía ver los fines de semana. Con ella aprovechaba para practicar senderismo, una de sus aficiones.
