El pleito contra el relleno de Baiona se desbloquea casi un año después

A la espera de que se ejecute a partir de septiembre la segunda fase del proyecto, la que levantará el edificio en el que se instalarán el restaurante y la cafetería, la ampliación del puerto deportivo de Baiona avanza según los plazos establecidos. Tras un año de obras, el relleno de 4.679 metros cuadrados está listo y los usuarios de los amarres ya pueden utilizar la explanada como aparcamiento. No progresa a igual velocidad la lucha judicial que la platafoma Salvemos Santa Marta, ahora reconvertida en Movemento Veciñal (MOVE) Baiona, emprendió cuando empezaron los trabajos para parar lo que considera «un atentado ambiental».

El colectivo presentaba un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) hace diez meses contra la concesión que Portos de Galicia había otorgado a la sociedad Puerto Deportivo de Baiona S.A. para la construcción y explotación hasta 2052 de 57.186,18 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre en pleno centro de la villa. La correspondiente sala lo admitía a trámite en septiembre, pero la presentación de la demanda no ha sido posible hasta hace unos días.

Y es que Portos, que tenía 20 días hábiles para entregar el expediente al tribunal tardó ocho meses, hasta mayo, pese a requerírselo el juez en varias ocasiones. «Portos estivo xogando ata que rematou a obra», lamenta el presidente de MOVE Baiona, Rafael Lores. Un total de 17.900 folios ha remitido finalmente el organismo autonómico, los que ha tenido que analizar la letrada de oficio que asiste a la plataforma tras lograr en marzo la justicia gratuita.

"Irregularidades"

La demanda incide, como ha denunciado la organización ciudadana desde el principio, en que el proyecto carece de evaluación ambiental actualizada, ya que la que obra en el expediente es de 2002, y no tiene en cuenta la Zona de Especial Protección para las Aves de A Foz ni tampoco la pradera de zostera «esencial para os bancos marisqueiros e pesqueiros».

Apunta asimismo a «irregularidades administrativas» apreciadas en la documentación a lo largo de los años como «la inexistencia de autorización previa de Patrimonio», teniendo en cuenta los restos arqueológicos del fondo de la bahía, o los incumplimientos reiterados por parte de la concesionaria en relación al mantenimiento de las instalaciones, así como la demora de la concesionaria en informar a la Administración sobre la transmisión de acciones.

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