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Un fondo buitre reclama 1,6 millones a Nigrán por el rescate del parking de A Ramallosa

Prosil Acquisition S.A. asumió la hipoteca del establecimiento cuando ya se había declarado en concurso de acreedores y ahora exige que se le compense la liquidación de la concesión

El Concello rechaza pagar: «Os informes xurídicos déixano claro; non van levar o diñeiro dos veciños de Nigrán»

Acceso al parking público de A Ramallosa.

Acceso al parking público de A Ramallosa.

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Nigrán

El Concello de Nigrán se enfrenta a una reclamación patrimonial de 1,6 millones de euros por la liquidación de la concesión del aparcamiento público de A Ramallosa. La sociedad Prosil Acquisition, un fondo de inversión considerado 'buitre' con sede en Luxemburgo- adquirió la hipoteca que pesaba sobre el establecimiento en 2019 -cuando la concesionaria, Estacionamientos Val Miñor, había entrado ya en concurso de acreedores- y ahora reivindica su derecho a que se le indemnice.

No recibirá ningunha compensación por el momento. Así lo acordó la Corporación municipal en el último pleno, con el voto en contra del PP, en base a sendos informes del secretario y la interventora municipales, que concluyen que la reclamación «debe ser desestimada» porque el pliego de cláusulas del contrato público excluía el derecho a indemnización en los supuestos de disolución o quiebra de la sociedad concesionaria. Consideran además los funcionarios que siete años después de la quiebra habría prescrito la posibilidad de reclamar.

En este sentido, el alcalde, Juan González, asegura que «este fondo non vai levar o diñeiro dos veciños de Nigrán; os informes xurídicos déixano claro» y que «os técnicos municipais fixeron un traballo incrible para rebatir con base legal a reclamación».

Inaugurado en 2007

La historia del parking subterráneo anexo a la piscina mancomunada arrancaba en 2005. El pleno de la Corporación, presidida entonces por el exalcalde popular, Alfredo Rodríguez Millares, otorgaba a Estacionamientos Val Miñor la concesión administrativa para la construcción y explotación del aparcamiento con un presupuesto de 1,6 millones y una duración de 39 años. Las obras se prolongaron cerca de dos años y el negocio abrió en 2007 con el compromiso de abonar un canon anual al Concello de 6.000 euros.

Después de nueve años de actividad y varios intentos de modificar las condiciones del contrato, Estacionamientos Val Miñor cerró el parking. Alegaba pérdidas económicas de hasta 1,9 millones en todo ese tiempo por la «competencia desleal» de otros aparcamientos próximos, entre otras razones como la crisis económica.

El Ayuntamiento le abría expediente en 2018 y la concesionaria se declaraba en concurso voluntario de acreedores el 16 de abril de 2019. Seis meses más tarde, el 22 de octubre, Prosil Acquisition, asumió la hipoteca formalizada con Abanca.

Como consecuencia de la fase de liquidación, indican los informes jurídicos municipales, «o contrato de concesión quedou resolto de pleno dereito» y el Concello la rescataba para ejercer la gestión pública del parking, que reabrió sus puertas en enero de 2022 de manera gratuita.

Fue en enero de este mismo año cuando el fondo solicitó formalmente el reconocimiento de su derecho al abono de la indemnización por la liquidación del contrato. La Administración municipal desestimó la petición en abril y la sociedad presentó alegaciones. Aludía a la necesidad de un procedimiento formal de resolución del contrato que el gobierno municipal considera innecesario en base a los informes de secretario e interventora.

El PP culpa al gobierno municipal

El asunto abrió debate en el último pleno. El gobierno socialista y el BNG respaldaron la desestimación de la reclamación avalada por los informes jurídicos mientras que la portavoz del PP, María José Pino, se abstenía. La líder de los populares considera que el gobierno municipal tenía «obligación legal de liquidar el contrato y no lo hizo y desde entonces han transcurrido varios años sin que conste la finalización del procedimiento». De manera que propuso realizar los trámites necesarios para resolver legalmente el contrato por «responsabilidad política». «Se trata de un expediente de elevado impacto para el municipio», recalcó.

La sociedad acreedora tiene la posibilidad ahora de acudir a los tribunales para reclamar la indemnización, posibilidad que el alcalde contempla, aunque con «tranquilidade». «Poden ir ao contencioso pero nós imos por diante. As argumentacións dos técnicos son de peso».

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