El PSOE forzará en junio un pleno exclusivo sobre el edil constructor en Baiona

El alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, y el exconcejal de Urbanismo José Ángel Bahamonde tendrán que comparecer públicamente de nuevo en junio en relación a la actividad constructora de este último. Esta vez será en un pleno extraordinario y monográfico, que el PSOE forzará tras acceder el viernes al informe de la Secretaría municipal que declara incompatible la sociedad en la empresa privada del número 3 del PP baionés con la percepción del salario público que se le asignó tras las elecciones de 2023, de 35.000 euros brutos al año.

La primera ocasión en que ambos abordaron en público la cuestión fue ante la prensa, el 23 de abril. El regidor anunciaba que asumía las competencias en el área de Urbanismo tras retirárselas a Bahamonde en base al informe jurídico municipal y a la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía. Almuiña aludía a la presunción de inocencia y mostraba su apoyo al concejal. Lo mantiene, de hecho, en el gobierno municipal como delegado de Medio Ambiente e Infraestructuras

En el pleno extraordinario deberán dar explicaciones al resto de la Corporación municipal. Los socialistas harán valer el 35% de representación que le dan los 6 de 17 ediles —bastaría con el 25%— para exigir la convocatoria de la sesión exclusiva sobre el asunto después de acceder este viernes al informe de la Secretaría que certifica la incompatibilidad de la dedicación exclusiva que mantuvo el concejal hasta marzo con la sociedad al 50% en la empresa Encaixa Modular.

Normativa

La resolución cita varias normativas, entre ellas, el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), que en su artículo 12 indica que los concejales con dedicación no podrán pertenecer «a Consellos de Administración ou órganos reitores de empresas ou entidades privadas, sempre que a actividade das mesmas estea directamente relacionada coas que xestione o departamento, organismo ou entidade en que preste os seus servizos».

Bahamonde presentó declaración de posibles causas de incompatibilidad al comenzar el mandato, cuando todavía no había creado la empresa en sociedad con un excompañero en el gobierno, Daniel García Acuña, que se ocupó de Vías e Obras entre 2017 y 2019. Volvió a hacerlo el pasado 20 de marzo, un día después de que este diario publicase que su empresa montaba los nuevos apartamentos turísticos de lujo en Sabarís y un año y cinco meses más tarde de que inscribiese la citada firma en el registro mercantil. El pasado 17 de abril, unos días antes de que el alcalde lo apartase del área de Urbanismo y de declarar en la Fiscalía, oficializaba en ese mismo registro su cese como administrador solidario de la compañía.

«Ocultación»

El PSOE ha esperado tres meses para dar un paso adelante en este asunto, explica su portavoz, Carlos Gómez Prado, por la «ocultación por parte de Almuiña». El líder socialista en Baiona asegura haber solicitado el informe de la Secretaría municipal nada más saltar a la luz el caso «para coñecer todos os detalles e actuar en consecuencia». Los servicios jurídicos del partido analizan la resolución para determinar si hay delitos y concretar cuáles, pero por el momento Gómez Prado considera necesaria la convocatoria de un pleno monográfico para exigir tanto a Almuiña como a Bahamonde explicaciones e incluso la dimisión, dado que «mentiron e intentaron arranxar a situación coa empresa do señor Bahamonde e despois ocultaron o informe mentres reorganizaron o goberno para minimizar o impacto político».

El informe, recalca Gómez Prado, «sinala que debía analizarse a relación entre a actividade privada da empresa e as funcións públicas» e Almuiña «ocultouno mentres publicamente aseguraba que non había incompatibilidade».

A la espera de que la Fiscalía de Vigo decida si se querella o no contra el concejal tras tomarle declaración, el PSOE de Baiona aguarda la evaluación jurídica del partido para tomar una decisión sobre la vía judicial. Gómez no descarta personarse en caso de que el ministerio público actúe, o bien interponer su propia denuncia en los juzgados.

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