Vende 4 pisos en 2022 y exige que se los devuelvan porque ahora son más caros

Conseguir el piso de sus sueños se ha convertido en pesadilla. Cuatro compradores de viviendas de lujo en pleno de centro de Nigrán han acudido a los tribunales para evitar perderlas cuatro años después de adquirirlas y de adelantar cantidades que rondan los 100.000 euros.

El promotor les exige romper los contratos de compraventa porque considera que «su valor de mercado es ahora muy superior». Por el momento han conseguido que hasta tres juzgados adoptasen medidas cautelares para evitar que las revenda y ahora quedan pendientes de resolver las demandas que le han interpuesto por la vía civil para exigir que cumpla lo firmado.

Se trata del recientemente construido edificio Mirador Val Miñor, ubicado en el número 15 de la avenida Val Miñor. Los cuatro afectados fueron los primeros en interesarse por la promoción de diez pisos, que ofrecía las mejores calidades, vistas al mar y piscina comunitaria, y compraron sobre plano los dos áticos –106 metros cuadrados de vivienda y 81,5 de terraza— por 375.000 euros y los dos primeros —80 metros cuadrados interiores y 47 de terraza— por 342.000.

Lo hicieron entre el segundo semestre de 2021 y el primero de 2022 y efectuaron los tres pagos exigidos antes de aportar la cantidad final al formalizar la escritura: uno al reservar, otro al obtener la licencia de obra y un tercero diez meses después. «Ya notamos que algo no iba bien con el tercer pago», explican los afectados. Los cuatro se vieron obligados a acudir al juzgado para consignar el dinero porque el vendedor no recibía oficialmente las cantidades. «Temíamos que nos quisiese atribuir un impago», señalan.

Sus peores presagios se cumplieron en enero de este año. Los cuatro recibieron un acta notarial en el que el empresario Manuel Rivera Viéitez, en representación de la promotora Zipilux S.L., les comunica la rescisión unilateral de los contratos privados de compraventa por el alza de precios de los últimos tiempos. Alega el «incremento excepcional y generalizado de los costes de construcción, derivado, entre otras causas, de la guerra en Ucrania, la disrupción de las cadenas de suministro y el notable encarecimiento de materiales» y les ofrece devolver las cantidades adelantadas con intereses legales.

Los interpelados rechazaron la resolución de los contratos ante notario y solicitaron medidas cautelares para evitar que revendiese las viviendas. Tres juzgados han estimado sus demandas y han autorizado anotaciones preventivas en el Registro de la Propiedad, además de prohibir al vendedor disponer de los pisos e inscribir actos dispositivos o de gravamen sobre ellos.

Han presentado además sendas demandas por la vía civil para exigir el cumplimiento de los contratos de compraventa, ya que, aseguran, «es ilegal» resolverlos de manera unilateral.

El promotor —líder de un entramado empresarial que incluye inmobiliaria, cadena de compraventa de oro, de coches, gimnasio y asesoría jurídica, entre otras actividades— no está de acuerdo. Cree que hay una «causa justificada» para romperlos. «Después de la guerra de Ucrania y del covid ha subido más de un 40% el valor de la construcción», de manera que, recalca, «no se podía ejecutar la obra». Asegura que ofreció a los compradores modificar el precio pactado antes de rescindir el contrato y «aplicar la cláusula rebus sic stantibus», que permite una excepción al cumplimiento de los contratos por causas imprevisibles. Argumenta que trata de defender sus derechos porque está «perdiendo dinero» y que las viviendas rondarían ahora los 550.000 euros.

El pleito ha dejado a los compradores en una situación complicada. Todos han vendido sus pisos actuales. Iago Álvarez y su mujer están «sin vivienda desde la fecha estimada de entrega, principios de 2025», tras vender el piso donde residían, en la misma calle, a solo unos metros. Patricia Rodríguez sigue residiendo muy cerca del ático que ha adquirido y ha tenido «la suerte de que los compradores pueden esperar y me permiten continuar aquí».

No pueden decir lo mismo Antonio García Carpintero y María Cristina García González, un matrimonio de funcionarios a punto de jubilarse que han vendido su residencia de León para mudarse a Nigrán, donde veranean desde hace años, en cuanto se retiren. Ahora viven de alquiler tras «invertir los ahorros de toda una vida».

Flor Serrano y Luis Arias, igualmente naturales de León aunque residentes en Burgos, también eligieron su lugar de vacaciones para retirarse. Han podido conservar su vivienda habitual, pero «con mucho esfuerzo hemos destinado los ahorros de más de 30 años de trabajo para tratar de formar un hogar para nuestra jubilación», explica ella, «y ahora nos obligan a pleitear».

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