Baiona obliga a restaurar una fachada particular en el casco histórico «por seguridad»

Los propietarios de un inmueble en ruinas en pleno casco histórico de Baiona tienen orden de restaurar la fachada y la cubierta para evitar un deterioro mayor de la estructura que pueda poner en peligro a los viandantes o las viviendas colindantes. El Concello los obliga a hacerlo, tal y como indica la resolución firmada por el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, publicada en el tablón de anuncios municipal y el Boletín Oficial de la Provincia y notificada a algunos de los afectados.

Se trata del edificio ubicado en el número 39 de la céntrica calle Conde. Vecinos alertaron en octubre de un riesgo inminente de derrumbe por caída de cascotes, por las profundas grietas en la fachada e incluso por la apreciable inclinación de paredes. Técnicos municipales comprobaron el peligro y el Ayuntamiento cerraba con vallas el paso ante el inmueble. Los peatones se desviaron por el jardín de la Casa da Navegación y el juzgado de paz permaneció cerrado durante semanas, hasta que algunos de los dueños de la casa asumieron trabajos de emergencia para asegurar la estructura. Desmantelaron el interior y la cubierta, que se había derruido parcialmente, y desmontaron el triángulo hastial de la fachada —la parte superior que sostiene el tejado a dos aguas—, guardando a buen recaudo la figura religiosa de granito que lo decoraba dado su valor histórico. Se desconoce el año de construcción de la casa, que albergó el recordado horno de Faíscas hace décadas. El Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Baiona (Pepchab) la sitúa «antes de 1900».

Pasados seis meses de aquella intervención urgente, los técnicos municipales apuntan a la necesidad de actuar en la fachada «para que no se siga deteriorando», explica el alcalde. Almuiña asegura que el peligro de desprendimientos hacia la calle está solventado, pero la situación requiere actuar para que así se mantenga, «por seguridad», añade.

La notificación que han recibido ya algunos de los propietarios les advierte de «multas coercitivas de 1.000 y 10.000 euros, reiterables trimestralmente» en caso de que no lleven a cabo las obras. Los avisa además de que la propia Administración podrá ejecutarlas de forma subsidiaria, es decir, de manera forzosa pasándoles la factura a posteriori.

La resolución da un mes a los propietarios para solicitar la licencia municipal de obra desde reciban la notificación correspondiente. Será complicado iniciar la cuenta atrás del plazo, dado que son entorno a una treintena los herederos que ostentan la propiedad, la mitad desconocidos. Según fuentes conocedoras del caso, hubo familiares exiliados en Francia o América desde hace décadas y se acabó perdiendo el contacto con el paso de las generaciones.

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