La Justicia reclama por segunda vez a la Xunta los papeles del relleno de Baiona

El proceso judicial promovido por la Plataforma Salvemos Santa Marta en el marco de su lucha ciudadana contra el relleno que servirá para ampliar el puerto deportivo de Baiona lleva cuatro meses prácticamente parado. Los magistrados del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) no han podido examinar todavía el expediente administrativo que dio pie al aterramiento que la entidad vecinal considera «un atentado ambiental» en plena bahía. La Sección Segunda del Alto Tribunal se lo había solicitado a Portos de Galicia cuando admitió a trámite el recurso ciudadano, en septiembre, pero ha vuelto a requerir oficialmente «la urgente remisión» de la documentación al organismo de la Xunta ante su falta de respuesta.

La plataforma —que recientemente se ha convertido en la asociación MoVe Baiona para ampliar su radio de acción y ocuparse no solo a asuntos de carácter ambiental sino de la defensa de los intereses de los vecinos de Baiona en general— interpuso en julio ante el TSXG el recurso contencioso administrativo contra la concesión otorgada por Portos de Galicia a la sociedad Puerto Deportivo de Baiona S.A. para la construcción y explotación hasta 2052 de 57.186,18 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre en pleno centro urbano.

La intención de la entidad era echar abajo la autorización administrativa por las «irregularidades» que aprecia en el proceso. Y es que, igual que las más de mil denuncias ciudadanas por la vía administrativa ante Portos y ante la Dirección Xeral de Patrimonio, el procedimiento judicial pone el foco en que el proyecto carece de una evaluación ambiental actualizada, ya que la última tiene fecha de 2002, cuando se había iniciado la construcción del puerto deportivo que ahora se pretende acabar. Sus efectos jurídicos, recalcan desde el movimiento ciudadano, «han quedado desfasados porque han transcurrido más de 20 años».

Falta de transparencia

El colectivo confiaba en que la judicialización del asunto permitiría disponer de toda la información acerca del proyecto que hasta ahora las administraciones le han negado, pero cuatro meses después de iniciarse el procedimiento todavía no han podido acceder al expediente que ahora el TSXG reclama de nuevo a Portos. Sus dirigentes se quejan de la falta de transparencia desde el arranque del relleno y sospechan de que no se han respetado las obligaciones legales de actualizar informes ambientales. Esperaban confirmarlo con la documentación pero no ha sido posible todavía.

De ahí que su indignación vaya in crescendo. «É unha tomadura de pelo por parte de Portos, tanto á xustiza como á cidadanía. Que unha institución pública teña esta actitude é moi grave», lamenta el presidente de MoVe Baiona, Rafael Lores. «A nosa interpretación é que están demorando o procedemento xudicial no tempo ata que rematen as obras. Traballan con absoluta impunidade e non responden nin ante a Xustiza», recalca.

Pese a todo, la asociación no se rinde. Espera que Portos conteste «dunha vez por todas» para acceder al fin al expediente y sigue luchando por la justicia gratuita que la Xunta le niega. Tras desestimar la Consellería de Presidencia dos veces su solicitud de continuar con el contencioso administrativo sin costes recurren también en este caso a la vía judicial y han trasladado la petición al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

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