Guerra contra una escombrera ilegal en el polígono de A Pasaxe

Una montaña de escombros ubicada en el polígono de A Pasaxe, en Vincios, trae de cabeza a los vecinos de A Garrida, en la vecina parroquia viguesa de Valladares, y al Concello de Gondomar. Hace ya diez meses que la plataforma de afectados por el parque empresarial ganó un pleito en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Vigo y logró que un juez ordenase al Ayuntamiento el cese de la actividad por carecer de licencia municipal y por las molestias que les causa. Se quejan de que lo que era un bosque hasta 2020 se ha convertido en «vertedero» y de la polvareda y los ruidos que genera. Afirman además que la alteración de la rasante del terreno provoca inundaciones en el entorno.

Pero la empresa responsable de la escombrera, Demoliciones y Desamiantados Galicia S.L., tiene en marcha los recursos pertinentes para defender sus derechos como planta de reciclaje de residuos. Su dueño, Ricardo Abal, asegura que «no es un vertedero, sino un acopio de material de obra, concretamente hormigón, ladrillo y piedra, para su transformación en zahorra que se reutiliza en otras obras». Una tarea que, según indica, cuenta con la autorización de la Consellería de Medio Ambiente.

Es cierto que la planta carece de licencia municipal de actividad, lamenta el dueño, pero «tampoco la tiene ninguna otra empresa del polígono de A Pasaxe», subraya. De hecho, el recinto industrial que creció durante las últimas seis décadas al margen de cualquier normativa urbanística se encuentra inmerso en un proyecto de urbanización que permitirá legalizar el centenar de firmas que allí operan. Mientras no finalicen las obras y el Ayuntamiento les otorgue los correspondientes permisos, las compañías se encuentran en situación de irregularidad. Y en este caso hay una sentencia judicial que ordenó al Concello cerrarla en febrero.

La Asociación de Afectados por el Polígono de A Garrida-A Pasaxe (Agapa) estudia iniciar acciones judiciales contra el Concello de Gondomar para exigir la ejecución forzosa de dicha sentencia, dado que en febrero se cumpliría el plazo de un año otorgado por el juez para cerrar la empresa. Los vecinos se quejan de no haber sido informados de la situación del expediente de reposición de la legalidad que abrió el Ayuntamiento, «a pesar de estar personados en el mismo», por lo que consideran que «puede haber una paralización injustificada».

Multas de 1.000 euros

El gobierno municipal sí ha actuado al respecto, asegura el alcalde, Paco Ferreira. Como la firma continúa activa pese a la orden de cese, la Administración municipal le ha cortado el suministro de electricidad y de agua y esta misma semana le ha impuesto una multa coercitiva de 1.000 euros. El regidor advierte de que la Policía la precintará en caso de que no pare y subraya además se le ha denegado la licencia solicitada «por considerarse una actividad incompatible con con el proyecto de urbanización del polígono».

El propietario lamenta esta «persecución» y la atribuye a «motivos políticos». Piensa ya en trasladar su actividad a Vigo y a Porriño y amenaza con denunciar a todas aquellas empresas en situación de irregularidad del polígono. «Si a mí me obligan a tener licencia tendrán que obligar a todo el mundo», avisa.

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