La plataforma contra el relleno de Baiona se queda sin justicia gratuita

La plataforma Salvemos Santa Marta tendrá que asumir los costes judiciales de la lucha que ha emprendido en los tribunales contra el relleno del puerto deportivo de Baiona. La Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes le ha denegado la justicia gratuita que había solicitado antes del verano para afrontar los gastos del contencioso interpuesto ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra la ampliación de la concesión que Potos de Galicia otorgó a la sociedad Porto Deportivo de Baiona S.A. para la construcción y explotación hasta 2052 de 57.186,18 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre en pleno centro urbano.

Un nuevo obstáculo que «non nos parará», advierte el presidente de la entidad ciudadana, Rafael Lores. «Seguiremos adiante e xa veremos como», asegura. Han recurrido la decisión de la Xunta que los obliga a buscar fondos, pero si no lo consiguen organizarán una colecta vecinal para cubrir los gastos. La resolución apunta a que la plataforma no reúne los requisitos necesarios que recoge la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que trata de garantizar la igualdad de oportunidades a la hora de acudir a los tribunales.

Magosto

Para la plataforma se trata «dun atranco máis á nosa loita». «Puxéronnos cantidade de problemas para legalizar a plataforma», explica Lores como ejemplo. Y cita también la negativa del Ayuntamiento de Baiona a autorizar el magosto que habían previsto en Santa Liberata. Lo harán finalmente en la Casa dos Montes de Bouzas Trigas, que les cede la comunidad de montes de Santa María de Afora, este sábado, día 22, a las 19.00.

Tampoco avanza el procedimiento judicial para el que habían solicitado la justicia gratuita. El TSXG admitió a trámite hace dos meses el recurso contencioso administrativo de Salvemos Santa Marta y dio 20 días a Portos de Galicia para que entregase toda la documentación al respecto, pero la plataforma todavía no la ha recibido para analizarla al detalle al fin.

El recurso judicial pretendía precisamente garantizar el acceso a esa documentación que hasta el momento consideran que las administraciones les han ocultado, además de incidir en las «irregularidades» que consideran ha cometido Portos en relación a la ampliación del puerto deportivo. La demanda exige la suspensión cautelar de los trabajos por «carecer de una evaluación actualizada de impacto ambiental», dado que la última existente tiene fecha de 2002, cuando se había validado el proyecto inicial, inacabado hasta la actualidad.

«Isto é unha mostra máis da política de paralizarnos e prolongar ao máximo a burocracia para que a obra siga sen problema ningún», subraya el presidente de la plataforma, quien lamenta que el relleno esté ya «practicamente rematado» y con «escapes» continuos de material que la barrera anticontaminación no frena.

Una vez finalice la ampliación de la marina seca, Nauplia Capital, la actual concesionaria del puerto deportivo, prevé construir un edificio que albergará restaurante y cafetería, además de los servicios náuticos, y creará un parking abierto al público con 220 plazas.

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