Dependencia
Redondela garantiza la continuidad del SAF pese al bloqueo de la oposición
Rivas asegura que ningún usuario quedará desatendido a pesar del voto en contra de PP y BNG en el pleno a la prórroga del contrato

Fiestas para los usuarios organizada por el SAF de Redondela. / C.R.

La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, trasladó ayer un mensaje de tranquilidad a los usuarios del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y a sus familias, garantizando con total firmeza «a continuidade e calidade da prestación». Esta declaración se produce después de que los grupos de la oposición (PP y BNG) tumbaran en el último pleno la prórroga del contrato de gestión con la empresa Idades S.L.
Rivas explica que la prórroga de un año «xa estaba prevista nos pregos e avalada polos informes técnicos». Ante esta situación, la alcaldesa —que gobierna en minoría junto a AER— calificó la postura adoptada por la oposición como un acto de «profunda irresponsabilidade política» que «antepón o desgaste do goberno municipal ao benestar e á seguridade das persoas máis vulnerables». En este sentido, lamentó que se utilice un «servizo social tan sensible como unha ferramenta de confrontación partidista».
La regidora destaca que la actitud de PP y BNG ha generado una situación «de enorme complexidade administrativa e xurídica que podía evitarse», ya que rechazar la prórroga obliga al gobierno local a asumir «unha responsabilidade extraordinaria» para garantizar la continuidad de este servicio esencial. «Terei que adoptar medidas que non serían necesarias se prevalecese o interese xeral sobre o interese partidista», lo que incluye tramitar «actuacións excepcionais» para evitar que las personas dependientes y sus familias se vean perjudicadas, explica la alcaldesa. Para Rivas la prioridad seguirá siendo «protexer ás persoas, garantir a estabilidade das traballadoras e asegurar que o SAF se presta con todas as garantías», y asegura que lo realizará «dando a cara e asumindo as responsabilidades que outros decidiron eludir».
El gobierno local defiende que la prórroga propuesta era la opción técnica «máis viable e segura para evitar alteracións na rutina diaria dos dependentes e garantir a estabilidade laboral do persoal, maioritariamente mulleres».
El rechazo a la prórroga obliga legalmente a iniciar una nueva licitación pública. Este proceso técnico implica posibles revisiones de precios al alza para el Concello, generando una incerteza innecesaria tanto para las trabajadoras como para las personas beneficiarias.
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