Chapela exige que se actúe contra la nave de aceros sin licencia

La Asociación de Vecinos de Chapela denuncia públicamente la falta de actuación de las administraciones públicas ante la nave de bobinas de acero, ubicada en pleno casco urbano, sin que hasta el día de hoy se haya aclarado su situación administrativa ni acreditado el cumplimiento de la normativa vigente.

Pese a tratarse de una instalación ubicada en un lugar próximo a viviendas y a existir antecedentes que cuestionan su legalidad desde hace décadas, la actividad «continúa desarrollándose con total normalidad, a pesar de haberse solicitado en reiteradas ocasiones el cese de actividad», señala la presidenta del colectivo vecinal, Victoria Pichel.

La asociación ha presentado múltiples escritos a la Valedora do Pobo, Xunta de Galicia y Concello de Redondela trasladando información concreta sobre la falta de licencia de actividad, la ausencia de evaluación ambiental conocida y el tránsito continúo de camiones de gran tonelaje que pone en peligro a conductores y transeúntes. «Sin embargo, lejos de adoptar medidas, las administraciones se limitan a remitirse unas a otras, evitando pronunciarse de forma clara sobre la legalidad de la actividad y sin ejercer las funciones de control que les corresponden», indica Pichel.

Desde la entidad vecinal se considera que, ante la inexistencia de un título habilitante acreditado, las administraciones competentes «no pueden limitarse a trasladar la responsabilidad, sino que deben como mínimo, iniciar expediente administrativo o, en su caso, sancionador». Para el colectivo vecinal esta situación supone «una falta de respuesta injustificable ante un problema que afecta directamente a la calidad de vida de la vecindad, y evidencia una preocupante ausencia de control administrativo sobre una actividad industrial en zona residencial».

La asociación de vecinos de Chapela lamenta que ninguna administración se haya preocupado de defender los intereses de los ciudadanos, ni realizado una actuación efectiva para verificar el cumplimiento de la normativa urbanística, ambiental y de seguridad, «tras más de 50 años de funcionamiento ilegal de esta empresa». Ante esta situación exigen que adopten medidas para garantizar el cumplimiento de la legalidad.

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