Preocupación en el personal del Centro de Atención de Persoas con Discapacidade de Chapela por un educador condenado por abuso de menores

La preocupación entre los trabajadores del Centro de Atención de Persoas con Discapacidade (CAPD) de Chapela, centro público dependiente de la Xunta, es máxima en los últimos días al tener conocimiento de que uno de los educadores eventuales, que ha trabajado en distintos periodos en este centro, tiene detrás un pasado con una condena por abuso de menores.

Los empleados conocieron el historial de esta persona a través de distintas noticias publicadas en varios periódicos, donde se informó de que fue juzgado y condenado por abusar sexualmente de una niña menor de 4 años cuando trabajaba en un centro de educación infantil. Los hechos ocurrieron hace más de tres décadas y cumplió siete años de pena de cárcel en el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar, en Ourense.

Uno de los educadores del CAPD de Chapela, Miguel A. Alcalá, indica que este trabajador eventual se encuentra en la actualidad como el primero de la lista de sustituciones, por lo que podría ser contratado en cualquier momento. Una situación que inquieta al personal del centro por el pasado delictivo de esta persona.

«Este centro está concebido para la atención integral las 24 horas del día de 120 personas con discapacidades muy graves —la mayoría superior al 75%— que requieren una atención especializada y una supervisión continua en todos los aspectos de la vida diaria. Con frecuencia sus formas expresión, verbal, gestual... son muy limitadas o inexistentes, lo que dificulta responder a sus demandas o quejas», explica. Y ante la posibilidad de que entre a trabajar esta persona con un pasado como abusador de menores pregunta: «Las personas que tengan un familiar aquí residiendo, ¿cómo se sentirán? Pues algo similar nos ocurre a los trabajadores que aquí convivimos con los usuarios de esta residencia, que es su casa».

Alcalá deja claro que no se opone a la reinserción de esta persona que ya cumplió en su momento con su condena. «Por supuesto, tiene derecho a rehacer su vida y a trabajar, pero no en contacto con menores vulnerables», puntualiza, por lo que considera que la administración debería buscarle otro puesto más acorde a su situación.

Hasta el momento el personal del centro se ha ido organizando para cubrir las vacantes renunciando a disfrutar sus días libres para evitar que se mueva la lista y que se contrate a esta persona con pasado pederasta, pero la situación ya no puede prolongarse, por lo que temen que pueda comenzar a trabajar en cualquier momento. «Se acaba de jubilar una trabajadora, así que es inminente que la lista se mueva, lo que implicaría su llegada», explica el educador.

También advierte que esta situación puede causar malestar entre el colectivo de empleados, así como incertidumbre e inseguridad entre las familias de las personas con discapacidad que residen en el centro.

Este periódico se puso en contacto con la Consellería de Política Social e Igualdade, de la que depende el centro, y señalaron que «neste momento non está solicitada a cobertura de ningunha vacante na categoría de educador, polo que non esta prevista a incorporación de ningunha das persoas que forman parte destas listas de contratación».

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