El derribo de la antigua guardería de Ponteareas no obliga a devolver ayudas europeas

La demolición de la antigua guardería de Feira Vella de Ponteareas, convertida posteriormente en escuela infantil, no supondrá ninguna sanción ni la devolución total o parcial de una subvención del Plan Edusi, ya que han transcurrido más de cinco años desde la recepción oficial de las obras.

Según las instrucciones de la subvención recibida, durante los cinco años posteriores a la finalización de las obras —es decir, desde su recepción oficial firmada por técnicos independientes— «el operador beneficiario deberá asegurar que la operación objeto de ayuda no sufra una modificación sustancial». El acta de recepción, a la que ha tenido acceso FARO DE VIGO, fue firmada por la arquitecta y la interventora municipal el 17 de marzo de 2021, por lo que el pasado 17 de marzo se cumplieron ya esos cinco años. Esto da vía libre al Concello de Ponteareas para ejecutar la polémica demolición o cualquier otra actuación sobre el inmueble.

Los partidos de la oposición en Ponteareas —BNG, PSOE y PEC— emitieron el martes una nota de prensa conjunta en la que aseguraban haber presentado una denuncia ante la Dirección General de Fondos Europeos (aunque el documento no fue adjuntado), por un posible incumplimiento de las condiciones de durabilidad de las obras de eficiencia energética ejecutadas en el inmueble, al considerar que todavía no habían transcurrido los cinco años exigidos. En el comunicado remitido a la prensa sostienen que ese plazo empieza a contar desde el pago de la subvención. Las tres formaciones consideran que el derribo «pode comprometer tamén a credibilidade institucional do Concello na xestión de fondos europeos, polo que reclaman máxima transparencia, rigor e responsabilidade política na utilización deste tipo de financiamento», según afirman.

El polémico edificio, actualmente en demolición, dejará espacio a una reconfiguración de la zona verde central. La inversión realizada por el anterior gobierno, de 104.342 euros, se destinó al ahorro energético, pero no resolvió los problemas del inmueble, que requería una actuación mucho más ambiciosa, según la edil nacionalista de ese momento Verónica Carrera. De hecho, en 2021 se redujeron plazas y la Xunta incoó un expediente al Concello, obligando a agrupar a niños y niñas de distintas edades en una misma aula. La nueva obra prevista para mejorar la situación tenía un coste de 350.000 euros y finalmente no se ejecutó. Tampoco las actuaciones anteriores, realizadas por un gobierno del PP en 2006, lograron solucionar los problemas estructurales del inmueble. La solución afrontada por el actual gobierno de una nueva escuela infantil ya había sido planteada por el ejecutivo BNG-PSOE pero no consiguieron financiación.

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