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La huelga del SAF de Ponteareas empaña la aprobación del presupuesto

Trabajadoras boicotearon el pleno y pasaron la noche encerradas en el Concello

La alcaldesa denuncia «intimidación y machismo»

Momento en el que el público y la oposición se puso frente a la alcaldesa.

Momento en el que el público y la oposición se puso frente a la alcaldesa. / ANXO GUTIÉRREZ

Ponteareas

El Servizo de Axuda no Fogar de Ponteareas cumple dos meses en huelga indefinida con las negociaciones completamente paralizadas con la empresa concesionaria, Óbolo. También está rota la relación con el Concello, motivo por el cual las trabajadoras del SAF volvieron a boicotear el pleno en el que estaba previsto el debate de los presupuestos municipales para 2026, que finalmente se aprobaron a puerta cerrada, lo que permitirá que el documento económico de Ponteareas para 2026, que alcanza los 22,5 millones de euros, entre en vigor el próximo 1 de enero. Su aprobación quedó empañada por las protestas de las trabajadoras del SAF, que obligaron a la alcaldesa a suspender el pleno, en cuyo salón pasaron la noche las empleadas del SAF. Se trata del segundo encierro de estas desde que comenzó la huelga, y, aunque tenían pensado que fuera indefinido, ayer por la mañana, tras pasar la noche en el interior del Concello, fueron desalojadas por la Policía Local.

El pleno comenzó con la lectura de un manifiesto con motivo del 25N, tras la cual los tres grupos de la oposición, BNG, PSOE y PeC, solicitaron a la alcaldesa, Nava Castro, iniciar el pleno con el debate del punto 28 de la orden del día, correspondiente a una moción conjunta presentada por BNG, PSOE y PeC para «abordar la rescisión del contrato del SAF por cumplimiento defectuoso del contrato por parte de la empresa adjudicataria». Ante la negativa de la alcaldesa a adelantar dicho punto, justificando que la aprobación del presupuesto era el punto más importante, las trabajadoras del SAF y las concejalas y concejales de la oposición se levantaron de sus asientos y se posicionaron frente a la regidora ponteareana, al grito de «solución a esta situación».

A puerta cerrada

Nava Castro les advirtió hasta tres veces consecutivas que si seguían con la protesta el pleno se suspendería para continuarlo a puerta cerrada, como ocurrió finalmente. Así, mientras el gobierno local aprobó el presupuesto municipal para 2026 a puerta cerrada, las trabajadoras del SAF pasaron la noche en el salón de plenos, en señal de protesta por «el maltrato institucional al que están sometidas por un gobierno local decidido a salvar Óbolo y su contrato, pasando por encima de los derechos de las personas trabajadoras y de sus usuarias», indican desde la CIG, denunciando que Óbolo todavía no ha presentado en la mediación la documentación justificativa de la correcta cotización y rectificación de las nóminas con diferencias salariales que se volvieron a registrar en el mes de octubre.

Tras estos hechos, la alcaldesa, Nava Castro, difundió ayer un comunicado en el que denunció que «lo ocurrido ayer en el salón de plenos supera todos los límites aceptables» y acusó a los grupos políticos de la oposición de «intentar imponer decisiones por la vía de la intimidación». «La actitud de los grupos de la oposición hacia esta alcaldesa estuvo cargada de un evidente sesgo machista. Unos tonos, unos gestos y unas formas que no utilizarían delante de un alcalde hombre. Un intento de situarse por encima de la presidencia no por razones políticas, sino desde una falta de respeto personal e institucional hacia una mujer que ejerce su autoridad con firmeza y serenidad», lamenta la regidora.

La Fiscalía archiva la denuncia de la CIG y avala la gestión del Concello

La Fiscalía del área de Vigo ha archivado la denuncia presentada por la CIG contra el Concello de Ponteareas, por la vía penal, en relación a los incumplimientos del contrato de Óbolo, empresa adjudicataria del SAF de Ponteareas. El fiscal jefe firmó el decreto de archivo con fecha 20 de noviembre, al no apreciar indicios de delito. Asimismo, Fiscalía avala la gestión del Concello de Ponteareas, destacando que “el Concello desarrolló una actividad de vigilancia de adecuado cumplimiento del contrato suscrito, con distintos requerimientos de documentación a la empresa adjudicataria y de enmienda de posibles incumplimientos de los pliegos técnicos, administrativos y normativa reguladora. «Desde que la prestación del servicio comenzó el 14 de abril de 2025, se realizaron requerimientos por parte del Concello y una visita de inspección por los Servicios Sociales de la Xunta de Galicia», destaca el fiscal jefe en el decreto de archivo de la denuncia, en el que se apunta que el Concello actuó en todo momento «sin que se pueda apreciar una conducta omisiva prevaricadora, sino un intento de encauzar la actuación de la adjudicataria a las exigencias de los pliegos de condiciones y del contenido del contrato suscrito». El gobierno municipal ha valorado esta decisión como «una confirmación del rigor y de la legalidad con la que se actuó en todo momento».

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