La parte demandante desvela que el Concello de Oia «paralizó» el plan para regularizar el Talaso Atlántico

La parte demandante del caso del Talaso de Oia, que reveló que el complejo se levantó sobre un suelo rústico y que por tanto la licencia era ilegal, ha salido al paso para cuestionar la actuación del Concello.

Concretamente, expone que la documentación incorporada al procedimiento judicial en torno al Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones (PEID) de Oia que buscaba un encaje parcial del complejo turístico cuestiona la versión trasladada en los últimos meses sobre el estado de su tramitación. Frente a las informaciones que apuntaban a que el plan se encontraba en su «recta final», los escritos oficiales evidencian que fue el propio Concello el que solicitó la paralización de un trámite clave.

En concreto, consta que en agosto de 2024 el Ayuntamiento se dirigió a la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) para pedir la suspensión del informe preceptivo necesario para continuar con el procedimiento. Este paso implica que la administración local no estaba a la espera de un dictamen externo, sino que fue la promotora de la interrupción de un trámite esencial para el avance del plan.

Sin embargo, durante meses se trasladó al juzgado que el expediente permanecía pendiente de dicho informe, proyectando una situación que, según la documentación judicial, no se corresponde con la realidad administrativa. Los documentos también reflejan que la AXI ya había emitido en noviembre de 2022 un informe desfavorable al PEID, en el que exigía la introducción de correcciones sustanciales. A ello se suma que la tramitación quedó condicionada a la modificación de la titularidad de un tramo de carretera, una iniciativa impulsada por el propio Concello, según indica el demandante.

Estos factores sitúan el plan lejos de una fase final de aprobación y lo mantienen supeditado a importantes condicionantes técnicos y administrativos.

Coste para las arcas municipales

En paralelo, el proceso ha supuesto un coste para las arcas municipales. La contratación de servicios técnicos y jurídicos externos —incluida la redacción del plan y su evaluación ambiental— ha generado, al menos en su fase inicial, un gasto de unos 9.000 euros de fondos públicos. La parte demandante del proceso del Talaso de Oia afirma que tras años de tramitación, no consta que se haya alcanzado un resultado definitivo ni que se haya detallado el coste total asumido.

En este contexto, el juzgado ha intensificado recientemente sus actuaciones. La resolución más reciente requiere al Concello que ordene de forma inmediata la demolición del complejo afectado, exige a la empresa la constitución de una fianza de 275.000 euros y abre la puerta a la imposición de sanciones tanto a la Xunta como al Ayuntamiento por la dilación del procedimiento.

El órgano judicial ha fijado un plazo de diez días para actuar y presentar alegaciones ante la posible imposición de multas coercitivas, en lo que se interpreta como una respuesta al retraso acumulado en la ejecución de resoluciones firmes.

Por otro lado, el argumento de una eventual indemnización millonaria que podría comprometer la viabilidad económica del Concello presenta, según la parte demandante, importantes interrogantes jurídicos. Entre ellos, se apunta a que han transcurrido más de dieciséis años desde la anulación de las licencias sin que la empresa haya ejercido acciones, lo que podría implicar la prescripción de cualquier reclamación. Además, la construcción ejecutada superaría de forma notable lo autorizado inicialmente, al pasar de las dos alturas permitidas a un edificio de siete plantas.

A esto se suma que el complejo habría mantenido su actividad durante más de una década sin cobertura legal, generando ingresos en ese periodo, así como la ocupación del dominio público marítimo-terrestre mediante instalaciones que no se ajustan a las condiciones autorizadas y que han sido objeto de requerimientos de retirada.

Estos elementos, según la misma parte, introducen dudas sobre la procedencia y el alcance de una eventual compensación económica que tanto teme el Concello de Oia, que cifra de millonaria.

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