La justicia da diez días al Concello de Oia para exigir al dueño del Talaso Atlántico su derribo

La justicia estrecha el cerco sobre el Talaso Atlántico de Oia. La plaza número tres de la sección del contencioso administrativo del Tribunal de Instancia de Pontevedra ha dado un nuevo paso en la ejecución de la sentencia sobre este complejo turístico. En una diligencia de ordenación fechada el pasado 12 de marzo, el órgano judicial requiere al Concello de Oia que inste de forma inmediata a la empresa titular a proceder a la demolición de las instalaciones, conforme a lo acordado en resoluciones previas.

El juez concede un plazo de diez días al Ayuntamiento para trasladar ese requerimiento a la empresa y comunicar al juzgado las actuaciones realizadas. En paralelo, se da el mismo plazo a la propiedad (Balneario del Atlántico) para constituir una fianza destinada a cubrir tanto los posibles daños y perjuicios derivados de la permanencia del complejo —especialmente en lo relativo al valor paisajístico del entorno— como los costes asociados a su demolición.

Además, el juzgado abre un nuevo trámite para que la Xunta de Galicia y el propio Concello formulen alegaciones sobre la posible imposición de multas, en atención a la dilación del proceso de ejecución.

Este es el resumen de la resolución judicial que ha sido notificada el pasado miércoles al Ayuntamiento y que viene a intentar concluir de forma definitiva un proceso judicial que dura ya casi dos décadas, desde que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anulase las licencias otorgadas para construir el complejo Talaso Atlántico, que tiene instalaciones tanto hoteleras como de bienestar.

Durante todos estos años, el proceso ha pasado por diversas fases judiciales, incluyendo sentencias que ordenaban su demolición y sucesivos intentos de regularización mediante instrumentos urbanísticos. El más ambicioso, el impulsado por el propio Concello de Oia en 2019, cuando encargó el plan especial al despacho de abogados Calixto Escariz para intentar encajar, al menos de forma parcial, el complejo turístico y que avalaba el encaje legal del edificio conforme a la nueva Lei do Solo, que autoriza «construcciones y rehabilitaciones destinadas al turismo que sean potenciadoras del medio donde se ubiquen» , y según el Plan de Ordenación do Litoral, que considera la talasoterapia como «uso autorizable en suelo rústico». Sin embargo, ese procedimiento urbanístico está todavía en trámite, y esa es precisamente la lamentación de la alcaldesa, Cristina Correa.

«Estábamos tramitando un plan especial para buscar el encaje legal del complejo, pero las administraciones van muy lentas. Y ahora, antes de que se complete, nos llega esta resolución. Estamos valorando con nuestros abogados qué podemos hacer, pero las resoluciones judiciales están para cumplirlas», asegura la regidora, que reconoce que el derribo del Talaso supondría una «ruina» para el Concello de Oia.

En primer lugar, por la abultada indemnización que el Ayuntamiento, responsable de conceder la licencia que posteriormente fue anulada por la justicia, que se prevé millonaria. En segundo lugar, porque en este complejo turístico trabajan 70 personas que cada día reciben a huéspedes, pacientes y visitantes. Si se derriba, quedarían sin trabajo. Y, por último, porque el Talaso atrae a diario a decenas de personas procedentes de todos los municipios de la provincia de Pontevedra y de Galicia, pues es un referente en el ámbito del bienestar.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que el Concello y la empresa tienen cinco días para presentar recurso contra esta resolución, en caso de que sus equipos jurídicos consideren que sería la mejor opción. El futuro del del Talaso Atlántico vuelve así a situarse en un punto crítico, con la demolición sobre la mesa y con las administraciones y la empresa obligadas a mover ficha en un corto plazo de tiempo.

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