Empresas del polígono de Monte Faquiña amenazan con pedir indemnizaciones al Concello de Mos

El conflicto por la subida del canon a las empresas asentadas en el polígono de Monte Faquiña afecta ahora al Concello de Mos, que ya ha recibido al menos dos escritos de mercantiles anunciando su intención de exigirle a la administración local indemnizaciones por los prejuicios derivados del cambio en la titularidad del suelo, a favor de la Comunidad de Montes de Tameiga. Con estos escritos, buscan «evitar una posible prescripción de su derecho a reclamar esas compensaciones», explican desde la Plataforma Galega de Afectados polas Comunidades de Montes, que cifra en 5 millones de euros el importe de las indemnizaciones.

Dicho conflicto enfrenta a la Comunidad de Montes de Tameiga y a las empresas asentadas en Monte Faquiña desde que en 2016 una resolución judicial otorgó la propiedad de ese suelo a los comuneros de Tameiga. La entidad comunal cambió las condiciones de los contratos fijados en su día por el Concello de Mos, que era el anterior dueño de las parcelas, con las empresas allí asentadas. Algunas de estas compañías habían afrontado inversiones millonarias para mantener su actividad bajo la premisa municipal de contar con determinados cánones y con una duración de las concesiones suficiente para garantizar la amortización del negocio. Pero, los comuneros, cuando tomaron el control del suelo, subieron el precio de los alquileres para ajustarlos a los nuevos valores del mercado, llegándoles a exigir incrementos del canon por encima del 1.200%; y también revocaron prórrogas de contratos acordadas previamente por las empresas con el anterior propietario del suelo, el Concello de Mos.

Es por ello que las firmas afectadas han anticipado al Ayuntamiento que le exigirán indemnizaciones, tanto por aquellas inversiones millonarias realizadas como por los pagos ya efectuados a la Comunidad de Montes de Tameiga, existiendo además la posibilidad de que incluyan peticiones por daños morales. En cualquier caso, según las estimaciones realizadas por la Plataforma de Afectados, la suma de las reclamaciones no bajará de los 5 millones de euros. En los escritos presentados en el Concello justifican su derecho a ser indemnizados «por sufrir un grave prejuicio como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos».

El conflicto está a día de hoy en manos de los tribunales. En su momento, cinco empresas, entre ellas las que ahora se dirigieron al Concello, lograron una sentencia favorable del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Porriño, que fue revocada por la Audiencia Provincial y que todavía sigue su camino en sede judicial.