Porriño incluye mejoras en seguridad en los pliegos del contrato del SAF

Porriño aprobó ayer los pliegos para sacar a licitación un nuevo contrato del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF). El documento incluye aportaciones realizadas por la representación sindical de las trabajadoras para mejorar la prestación de este servicio en materia de seguridad laboral, como es la obligación de la empresa adjudicataria de remitir al Concello las quejas de las trabajadoras en un plazo máximo de 24 horas.

Dichas mejoras se producen tres meses después de que una trabajadora del SAF de Porriño, Teresa de Jesús, fuera asesinada en el domicilio de la usuaria que tenía asignada a manos del marido de esta, y tras avisar a la empresa de problemas en ese servicio.

El nuevo contrato, que sustituirá al actual y entrará en vigor en enero de 2026, tendrá una duración de dos años, prorrogable un año más, y sale a licitación por 2,8 millones de euros. Este incrementa en un 16% el precio por hora, fijando las tarifas en 26,17 y 25,74 euros/hora para las modalidades básica y de dependencia, respectivamente.

Los nuevos pliegos técnicos recogen las aportaciones de la representación sindical, como por ejemplo que los medios materiales, antes considerados como mejoras optativas, pasen a ser de obligado cumplimiento para la empresa adjudicataria. Esto incluye la dotación de ropa de trabajo y ayudas técnicas como camas hospitalarias, grúas, sillas de ducha o andadores. Igualmente, la empresa deberá tener una sede en Porriño y una aplicación informática para la gestión y el intercambio habitual de la información del servicio con el departamento municipal responsable.

Por otro lado, los pliegos indican que la empresa adjudicataria deberá efectuar una evaluación completa de los riesgos laborales que afectan a las personas trabajadoras en el desarrollo de sus tareas, la cual deberá llevarse a cabo por parte de un técnico debidamente cualificado en prevención de riesgos laborales.

Los dos grupos de la oposición, BNG y PSOE, presentaron alegaciones a estos pliegos, los cuales no fueron estimados por el PP, con amplia mayoría en la Corporación. Los nacionalistas proponían que la duración del contrato fuera de un año, y otros dos prorrogables; que los informes de seguimiento sean mensuales, en lugar de cada dos meses; y que la memoria del servicio fuera semestral y no anual, con el fin de tener mayor control sobre la prestación del servicio.

Por su parte, los socialistas propusieron, entre otras alegaciones, la implementación de un botón del pánico, rondas de la Policía Local en los domicilios de alto riesgo durante los turnos de las trabajadoras, o que se amplíe a tres días el uso del vehículo de la empresa cuando exista avería del de la trabajadora.

Además, tanto el BNG como PSOE reclamaron al PP que todavía no tienen acceso al expediente sobre el caso del homicidio de Teresa de Jesús, a lo que el alcalde, Alejandro Lorenzo, les explicó que este está siendo digitalizado y que, cuando esté listo, se remitirá a los grupos políticos y al juzgado. «No estamos escondiendo nada», puntualizó el regidor, valorando que «con estos nuevos pliegos damos respuesta a las demandas de las trabajadoras y mejoramos el servicio, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. Apostamos por reforzar su seguridad en el puesto de trabajo y también reconocemos su labor con un incremento del precio/hora».

El juzgado da la razón a las auxiliares de Ponteareas, en huelga indefinida

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra ha estimado parcialmente la denuncia presentada por el comité sindical de las trabajadoras del SAF de Ponteareas, de la CIG, sobre el decreto del Concello que obligaba a las auxiliares en huelga a cumplir 45 minutos de servicios mínimos por cada usuario.

El juzgado suspende dicho decreto, por lo que el Concello de Ponteareas ya ha iniciado la redacción de uno nuevo, por el cual delega en la empresa concesionaria, Óbolo, el establecimiento del tiempo de los servicios mínimos, que serán individualizados, según las necesidades de cada persona usuaria.P

or otro lado, desde el Concello informan que, a petición de la CIG, la empresa concesionaria se reunirá desde hoy con los representantes de las trabajadoras con un intermediario designado por el Consello Galego de Relacións Laborais, del servicio jurídico de resolución de conflictos.

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