Primer derribo a la vista tras 24 años de guerra vecinal en Chandebrito

Chandebrito inicia la cuenta atrás para el derribo de las primera de la veintena de viviendas condenadas por los tribunales cuando se cumplen 24 años de un conflicto vecinal que llegó a sentar en el banquillo a 33 de sus habitantes.

El Concello de Nigrán acaba de sacar a concurso público por 73.333,78 euros la demolición de la única de las casas sentenciadas que ha perdido definitivamente el pleito judicial. La Administración municipal cumple la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Vigo, que ordenó echar abajo la vivienda en 2019, tras numerosos apercibimientos judiciales, con amenazas de multas coercitivas para el alcalde incluidas. Pero todo apunta a que la propietaria del inmueble ejecutará el fallo judicial por su cuenta antes de que lo haga el Ayuntamiento, según fuentes próximas al caso.

Una familia de Nigrán, sin salida ante el inminente derribo de su vivienda

La vivienda que construyó el abuelo de la actual dueña carece de licencia municipal y se ubica en suelo rústico. El proceso judicial comenzó en 2001 cuando una vecina emprendió una oleada de denuncias urbanísticas con la intención de acabar con las irregularidades de toda la parroquia. Lo hizo inmediatamente después de sufrir ella misma un pleito interpuesto por otro residente que la obligó a tirar un muro.

Aquella 'guerra' acabó con un juicio penal que la misma denunciante promovió por el acoso al que se vio sometida y salieron condenadas 25 personas en 2011 por delitos como coacciones, resistencia a la autoridad y hasta sedición.

La parte urbanística del conflicto continúa viva en los juzgados de lo contencioso. La inmensa mayoría de los propietarios de las viviendas luchan en los tribunales por evitar verlas reducidas a escombros y tratan de legalizarlas por la vía administrativa, a la espera del Plan Xeral de Ordenación Municipal que se encuentra en fase avanzada de tramitación. En el caso de la vivienda del barrio de Tomadas a borde del derribo no se emprendieron acciones judiciales para frenarlo en su momento. La denunciante apremia la ejecución de la sentencia al juzgado y este, a su vez, insta al Concello cada semana a cumplirla. «Non nos queda máis remedio que seguir o procedemento porque, do contrario incumpriríamos o fallo xudicial», señala el concejal de Urbanismo, Diego García Moreira.

La actual propietaria heredó la casa el año pasado antes de saber que sobre ella pesaba una orden de derribo irreversible. En septiembre la cubrió de pancartas e hizo público el caso a través de los medios en un intento desesperado por salvarla. Ahora prefiere no realizar declaraciones.