Cuarenta migrantes deberán dejar el centro Cemar al denegárseles el asilo
El Gobierno les ha revocado la condición de refugiados a unos y se las ha prorrogado a otros
Pueden presentar alegaciones, pero tendrá que abandonar igualmente el complejo de Mondariz-Balneario

Migrantes refugiados en el complejo Cemar de Mondariz-Balneario. / Marta G. Brea
La pesadilla se repite, pero con diferentes protagonistas. Los inmigrantes alojados este año en el complejo de Cemar, en Mondariz-Balneario, han empezado a recibir las cartas del Gobierno de España en las que se les deniega el asilo, tal y como sucedió con el primer grupo de migrantes refugiados, llegados a la villa más pequeña de Galicia el pasado verano.
Actualmente, el centro Cemar aloja a cerca de 300 migrantes, aunque solo en torno a 40 han sido notificados por el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre la denegación del asilo, lo que les obligaría a abandonar el país.
En cambio, a otros sí les han prorrogado el asilo político. En este sentido, cabe destacar que las solicitudes aceptadas coinciden con las de inmigrantes procedentes de Mali, por ser este un país en guerra; mientras que a los de nacionalidad gambiana o senegalesa se les está rechazando la petición de protección internacional y algunos deberán abandonar el centro Cemar esta misma semana.
Ante esto, el Concello de Mondariz-Balneario se reunió ayer con un grupo de estos migrantes para explicarles cual es su situación y ayudarles a tramitar las respectivas alegaciones. Así, ante la negación del asilo, estos tienen derecho ahora a presentar un recurso y, hasta que no se resuelva este trámite, pueden seguir viviendo legalmente en España, aunque sin la condición de refugiados, por lo que deberán abandonar igualmente el centro Cemar.
Con todo, durante el tiempo en el que se resuelvan las alegaciones, pueden buscar trabajo y, en caso de conseguirlo, podrán obtener un permiso de residencia por arraigo laboral, que es precisamente lo que siempre han demandando todos los entrevistados por este periódico. Solo quieren un trabajo para poder quedarse en España para no tener que regresar a las situaciones de conflicto y pobreza de sus países de origen. Algunos lo han conseguido.
Por otro lado, en caso de que las alegaciones sean rechazadas por el Gobierno Central, este podría emitir una orden de expulsión del país.
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