Ponteareas sanciona a la empresa de ayuda en el hogar y allana su relevo
Con la aprobación del presupuesto municipal, el Concello formalizará un nuevo contrato por 6,5 millones con la firma andaluza Óbolo, la única que se presentó al concurso

Una de las protestas realizadas por las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar. / D.P.
El Concello de Ponteares aprobó definitivamente sus presupuestos para 2025, por lo que ya está en disposición de adjudicar el nuevo contrato de ayuda a domicilio (SAF), a cuyo proceso solo se presentó una empresa, la onubense Óbolo. Esta remplazará a la actual, Aralia Servicios Sociocomunitarios, la cual acaba de ser sancionada con una multa de 49.500 euros por incumplimiento de las condiciones del contrato.
La Corporación municipal de Ponteareas celebró un pleno extraordinario y urgente esta semana para resolver estas dos cuestiones. Por un lado, la aprobación definitiva de las cuentas, tras la presentación de alegaciones por parte de los concejales del BNG y del PSOE, al entender del responsable de Hacienda, Francisco Jesús Represas, «porque intentan torpedear al máximo la acción del gobierno». Ambas alegaciones fueron desestimadas, por lo que se aprobó finalmente el presupuesto, que asciende a 20,5 millones de euros.
Por otro lado, también se aprobó la imposición de una sanción económica a la empresa concesionaria del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) por dos faltas muy graves y siete graves. Según explicó Represas, la empresa pidió más tiempo para corregir las deficiencias, pero se le denegó porque tenían que ver con la falta de personal.
El nuevo contrato del SAF supondrá una inversión de 6,5 millones y el incremento en un 50% las nuevas personas usuarias
Es por ello que se formalizó la imposición de la multa de 49.500 euros. Los grupos de la oposición recordaron que «las trabajadoras están desesperadas y los usuarios están sufriendo». Cabe recordar que las trabajadoras del SAF llevan meses denunciando precariedad laboral.
Escuchar a las trabajadoras
En este sentido, desde el PSOE pidieron al gobierno local escuchar a las trabajadoras para «no errar» en la nueva adjudicación, que será posible tras la aprobación de los presupuestos de 2025. El nuevo contrato del SAF supondrá una inversión de 6,5 millones para el Concello ponteareano, debido a que se incrementarán en un 50% las nuevas personas usuarias. El contrato se resolverá luego de que la CIG intentase tumbar los pliegos presentando un recurso especial ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia, el cual fue desestimado. Posteriormente, tras conocerse que la firma andaluza Óbolo fue la única licitadora, desde la CIG pidieron al Concello que paralizase el proceso al entender que la futura adjudicataria es una «empresa pirata». A pesar de ello, el proceso siguió adelante y, con la aprobación del presupuesto, el Concello podrá dar por rematado el contrato prorrogado de Aralia e iniciar uno nuevo con Óbolo.
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