El acusado por posesión de armas dijo a la Guardia Civil que eran de su hermano muerto
El juicio fue suspendido por problemas con las videoconferencias
El investigado por guardar armas en casa, en el baquillo. | G.S.
R.V.
Problemas técnicos con las videoconferencias obligaron a la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra a suspender el juicio contra un hombre acusado de poseer un arsenal de armas en Ponteareas. Según la acusación, tenía más de 80 armas que adquirió por Internet y carecía de permiso para buena parte de ellas.
Estaba previsto que el acusado declarase al finalizar las intervenciones de testigos y peritos, pero estas tuvieron que suspenderse por problemas técnicos.
De los guardia civiles y peritos que sí declararon, uno de ellos explicó que, en el día del registro domiciliario, el procesado aseguró que las armas eran de su hermano, el cual ya había fallecido. Sin embargo, se encontraron las huellas del varón sobre las mismas y al menos una de ellas había pasado revista meses antes, pese a que el hermano había muerto hacía años. Este mismo agente indicó que había armas no solo en un armario de seguridad, sino por el resto de la casa. También localizaron armas en una segunda vivienda del investigado.
La vista se reanudará el próximo día 21 de noviembre. La Fiscalía pide una pena de seis años y seis meses de prisión.
La defensa impugnó sin éxito la investigación
La de ayer fue la segunda sesión de la vista celebrada sobre este caso. En la primera, el abogado del acusado trató de impugnar toda la investigación policial, alegando que se realizaron registros y obtención de datos personales del acusado «sin autorización judicial». Alegó que no se respetó, entre otras cuestiones, la invulnerabilidad del domicilio y que no existieron «buenas y fundamentadas razones y autorizadas por el juez, para vulnerar los derechos fundamentales» de su defendido. El letrado explicó que la investigación partió de la ATF, una agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sin observarse en ningún momento las garantías legales de España.
La fiscal, por su parte, aseveró que la investigación «está perfectamente fundada».
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