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Un juzgado investiga el sueldo que se puso por decreto el alcalde de Gondomar

El Contencioso admite un recurso del PP contra la resolución por la que Ferreira se adjudicó 50.000 euros al año sin pasar por el pleno, que después se lo rebajó a 40.000

Paco Ferreira, durante un pleno.

Paco Ferreira, durante un pleno. / Alba Villar

Gondomar

El decreto el alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, para garantizarse su sueldo y el de su equipo sin pasar por el pleno ni someterse a la mayoría de la oposición llega a los tribunales. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Vigo ha admitido a trámite una demanda del grupo municipal del PP en la que acusa al regidor de usurpar las competencias del pleno de la Corporación a la hora de otorgar las retribuciones a los ediles con dedicaciones exclusivas y parciales.

Ferreira firmó el 10 de julio un decreto para adjudicarse un sueldo de 50.000 euros anuales, el mismo que percibía durante el anterior mandato, y asignar a cuatro ediles –Iria Lamas, Nuria Lameiro, Brais Misa y Rocío Goberna– sendas dedicaciones exclusivas de 32.000 euros anuales y otra parcial para José Manuel Chamorro de 16.000. Lo hacía tras perder la mayoría absoluta en las elecciones municipales y para evitar así que la oposición tumbase las nóminas o las rebajase. Para ello echaba mano de la ley de presupuestos que, según él mismo explicaba, le permitía mantener las retribuciones del año anterior sin necesidad de que lo aprobase el pleno de organización que debía convocarse en los 30 días hábiles siguientes a la investidura.

Archivo de la Fiscalía

La publicación de aquella resolución en el Boletín Oficial de la Provincia desató las críticas de la oposición, que no se limitó al debate político. Manifesto Miñor trasladó a la Fiscalía las decisiones del alcalde al considerar que podía haber cometido malversación de fondos o prevaricación, pero la denuncia resultó archivada al no encontrar el ministerio público indicios de delito.

El PP prefirió tramitar su denuncia por la vía administrativa primero y presentó un recurso contra el decreto del alcalde ante el Concello. El propio Ferreira lo desestimó con otra resolución firmada el 30 de agosto y por eso ahora los populares han decidido acudir al juzgado, que acaba de comunicar la admisión a trámite del asunto. Su portavoz, Paula Bouzós, lamenta “tener que llegar a estos extremos ante una actitud totalmente dictatorial del señor alcalde, que después de varios meses de legislatura sigue en la misma actitud de desprecio a la oposición y sin querer escuchar ni a la oposición ni a los vecinos”. Recuerda la líder de los populares que ya advirtió en su momento de que irían “hasta donde hiciese falta”. “No vamos a consentir que el alcalde intentase eludir al pleno de la Corporación evidenciando de esta forma la nula capacidad que tiene para llegar a acuerdos”.

La investigación judicial se confirma un mes después de que la oposición rebajase el gasto municipal en salarios de representantes políticos a la mitad. En el pleno del mes de septiembre, el grupo popular presentó una propuesta para reducir la cantidad de los 195.000 euros del mandato anterior a 100.000. La iniciativa resultó aprobada con el apoyo de Manifesto Miñor y BNG y reducía a 40.000 el salario del regidor. Recortaba sobre todo las percepciones del equipo socialista, dejándolo con tan solo una dedicación exclusiva de 30.000 euros y otra parcial de 15.000.

Una merma retributiva que, según asegura Bouzós, continúa sin aplicarse un mes después. Tras consultar el expediente, la portavoz de los populares afirma no haber encontrado la documentación necesaria para publicar el acuerdo plenario que reducía los sueldos en el Boletín Oficial de la Provincia. Es esa publicación la que marcará precisamente su entrada en vigor.

El alcalde, Paco Ferreira, se muestra “tranquilo” respecto a la investigación judicial abierta al considerar que los decretos se ajustan a la legalidad. Manifiesta incluso que le parece “bien” que el PP recurra – “está no seu dereito”, recalcaba–, pero le pide que “recurra tamén os soldos do goberno de Porriño”, de su mismo color político, “que fixo o mesmo”. Se refiere a que su homólogo en la villa del Louro, Alejandro Lorenzo, también aprobó los salarios de su equipo por decreto en base a la normativa presupuestaria. “Do PP non podemos esperar nada bo para Gondomar, o seu programa é non deixar facer a este goberno nada e bloquear Gondomar”, añade.

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