Absueltos los dos exalcaldes de Nigrán acusados de amañar el contrato de la basura

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha absuelto a los exalcaldes de Nigrán A. R. y A. F. de los delitos de prevaricación y cohecho que les imputaba la Fiscalía en relación con el presunto amaño del contrato de la recogida de basura en 2004. El tribunal considera que no hay pruebas de que interviniesen en el concurso público para que se adjudicase el servicio a la empresa que todavía lo presta casi veinte años después –Cespa (ahora PreZero)– a cambio de mordidas o beneficios económicos, tal y como manifestaba el ministerio fiscal, que solicitaba un año de prisión para cada uno y multas que rondaban los 50.000 euros.

El fallo, contra el que cabe recurso de apelación, se conoce apenas dos semanas después de concluir el juicio contra los dos exregidores, el exconcejal A. F. C., su esposa, tres funcionarios del Ayuntamiento nigranés, el representante legal de Cespa, y un ingeniero de una consultora privada.

El tribunal considera que “han quedado acreditadas una serie de irregularidades administrativas” en el proceso de contratación, pero no entiende que “hayan podido influir en la adjudicación del servicio a favor de Cespa y en perjuicio de las otras empresas licitadoras”. Se refiere a cuestiones señaladas por la Fiscalía como la presentación de un pliego de condiciones sin estudio económico, que según la sentencia contaba con el aval del secretario municipal y del interventor. O la contratación de asistencia técnica privada para valorar las ofertas a un ingeniero que había sido socio de A. R., a la que tampoco se opuso ninguno de los mencionados funcionarios, incluso lo consideraron “adecuado”.

Consideran los magistrados que “no ha existido prueba alguna de la existencia de acuerdo o concierto con los demás acusados para posibilitar la adjudicación a Cespa. No constan presiones ni se han acreditado conversaciones, mails, mensajes u otro tipo de elementos que pudieran probarlo”.

Recalcan además en el fallo que “ni tan siquiera consta que por los acusados se recibiera cantidad alguna por parte de Cespa a cambio de la adjudicación”. La acusación pública afirmaba que A. R. había percibido un soborno de 102.173 euros, mientras que a A. F. –que había sido alcalde del PP con anterioridad y que en aquel momento lideraba el PINN y era socio de gobierno con A. R.odríguez– le achacaba otro de 88.206 y a A. F. C, otro de 7.409. Dice el fallo que “no se puede determinar que dichas cantidades provengan de Cespa”. Y es que la investigación afirma que las transferencias son de origen desconocido, pero “ni siquiera se realizó la trazabilidad” para dar con su origen, manifiesta la sentencia.

Alquileres

Sobre los bajos comerciales que la compañía alquiló a A. F. por 57.696 euros al año y a una sociedad formada por la esposa de A. F. C –que percibía 7.200 euros anuales– y dos funcionarios municipales –que cobraron 4.680 euros al año cada uno– tampoco aprecia el tribunal el “pacto fraudulento” que manifestaba la Fiscalía a cambio del favor de los propietarios en el procedimiento administrativo. “El simple hecho de que los locales pertenecieran a funcionarios del Concello no dejaría de ser una simple sospecha o mera conjetura”, recalca la sentencia, que incluso abunda en que “no consta que el valor de los mismos fuera superior al de mercado, pues ninguna prueba se ha practicado al efecto”.

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