El Juzgado de Instrucción Número 2 de Vigo ha puesto fin a la investigación abierta al alcalde de Baiona, Carlos Gómez Prado, por retirarse a sí mismo cinco multas de aparcamiento que sumaban 880 euros. El titular de la sala considera que existen indicios de delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental, por lo que ordena continuar las diligencias. Ahora la Fiscalía, que denunció el asunto hace unos meses, y las acusaciones particulares, si las hay, deben formular escrito solicitando apertura de juicio oral, o bien el sobreseimiento de la causa.
El asunto salió a la luz tras denunciarlo públicamente el PP hace poco más de un año, pero fue un grupo de policías municipales el que lo trasladó a la Fiscalía. Los agentes habían denunciado a Gómez los días 30 de abril, 3 y 4 de mayo y 6 y 7 de junio de 2021 por aparcar su coche en el espacio restringido a la carga y descarga de la céntrica calle Elduayen, ubicado junto al espacio para vehículos autorizados del Concello. El propio regidor había alegado por escrito ante el ORAL, entidad encargada de tramitar las sanciones, y solicitaba la anulación al entender que podía estacionar allí gracias a una tarjeta de autorización expedida por la propia Policía Local, que en esas cinco ocasiones “había olvidado” en otro vehículo de su propiedad.
"A tarxeta solicitouse a quen correspondía no seu momento e sempre aparquei onde estaba autorizado pola Policía Local", afirma el alcalde
El auto judicial considera “aparentemente simulada” la licencia de aparcamiento que aportó el alcalde para justificar el estacionamiento irregular, ya que “podría carecer de los elementos esenciales de validez (número de expediente administrativo, fecha y plazo de expedición, etc.), pudiendo haber sido creada para ese trámite de alegaciones, de manera que indujera a error sobre su autenticidad”. En ese sentido, el magistrado indica que el informe solicitado a la Secretaría del Ayuntamiento de Baiona sostiene que “no consta ningún procedimiento administrativo ni ningún tipo de expediente relativo a la expedición de dicha licencia”.
La Unidad de Sanciones de Tráfico de la Diputación de Pontevedra, tras las alegaciones presentadas por el alcalde, emitió propuestas de resolución en el sentido de estimar las alegaciones y el archivo del procedimiento.
El juez instructor concluye que el investigado, “con total desprecio al deber de abstención que existía, al concurrir en él la condición de denunciado y alcalde de la localidad de Baiona”, habría firmado el 23 de agosto de 2021 cinco resoluciones distintas “acordando estimar sus propias alegaciones y archivar todos los procedimientos sancionadores por estacionamiento indebido sin imponerse a él mismo ningún tipo de sanción, siéndoles tales resoluciones notificadas a su propio domicilio en persona, el 2 de septiembre de 2021, y provocando, así, la finalización del procedimiento”.
Gómez recurrirá
El auto no es firme y Gómez Prado anunció ayer que presentará recurso. Confía en que “se vai resolver de maneira favorable na maior brevidade posible”. El regidor se mostró “seguro de que as cousas se fixeron ben desde o principio, que a tarxeta se solicitou a quen correspondía no seu momento e que sempre aparquei onde estaba autorizado pola Policía Local”, explicó tras conocer el decreto judicial.
Gómez Prado recordaba ayer además que el Concello de Baiona tiene delegada la gestión de las multas de tráfico en el ORAL “e o que vén de alí acátoo e fírmoo de forma automática”.
La causa salpica al jefe de la Policía por supuesta colaboración en la anulación de las sanciones
El otro investigado del proceso es el oficial jefe de la Policía Local, Plácido Viéitez, por colaborar supuestamente en la retirada de las sanciones. El auto judicial también ordena continuar las diligencias abiertas, en su caso por un presunto delito de falsedad documental. El agente prestó declaración ayer mismo ante el juez, horas antes de que emitiese el auto. Al parecer, reza el auto, pese a que con carácter general se les suele requerir a los agentes policiales un informe de ratificación de todas las denuncias interpuestas, en este caso “en ninguna de las cinco denuncias al vehículo del alcalde se habría hecho, habiéndose sustituido dicho trámite por un informe del oficial jefe”.El magistrado afirma además que el oficial firmó la licencia de aparcamiento presuntamente simulada. Viéitez declinó ayer realizar declaraciones al respecto.
