Se pierde la única prueba capaz de resolver el crimen de Manuel Pérez, a punto de prescribir

El próximo 11 de enero de 2023 se cumplen 20 años del asesinato de Manuel Pérez Portela, el empresario de O Rosal de 69 años cuyo cadáver apareció con un tiro en la cabeza en un monte de A Guarda. El caso lleva años archivado provisionalmente y, si en veinte días no hay ningún investigado por la causa, el culpable habrá esquivado a la justicia.

El tiempo corre en contra y la única esperanza de los hijos de Manuel estaba puesta en el teléfono móvil de su padre, hallado en el escenario del crimen, escondido debajo de una piedra y con el historial de llamadas borrado. El asesino tuvo que manipular esta prueba, por lo que quizás todavía haya restos de ADN del culpable en el teléfono y estos se puedan cotejar con el ADN del único sospechoso. Hace dos años que la Policía Judicial solicitó el teléfono al Juzgado nº1 de Tui, que instruye la causa, y este respondió hace tres meses comunicando que esta prueba estaba perdida.

“Si el móvil aparece en el juzgado dentro de dos meses, ya no servirá de nada porque habrá prescrito la causa”, lamentan las hijas de Manuel Pérez, que, desesperadas por hacer justicia, se reunieron hace una semana con la jueza de Tui, quien les recomendó presentar un escrito solicitando que se llamara a declarar como investigado al único sospechoso; petición que la misma jueza denegó. “Nos sentimos engañadas”, denuncian las hijas de la víctima, recordando que el único sospechoso nunca fue llamado a declarar en sede judicial.

Víctima de una emboscada

A Manuel Pérez Portela lo mataron tras tenderle una emboscada que se orquestó durante meses mediante llamadas telefónicas realizadas todas ellas desde teléfonos públicos que luego se relacionaron con el único sospechoso. El cebo fue una finca que alguien quería venderle pero que la víctima no estaba interesada en comprar. Tras varias llamadas, el vendedor, que nadie sabía quien era, le convenció para verse y mostrarle la parcela, pero a esa primera cita, Manuel acudió en compañía de su mujer, lo que habría espantado al asesino, que no apareció y llamó a posteriori para disculparse.

Dos semanas después concertaron una nueva cita a la que el empresario fue solo. Ya en la finca, ubicado frente a una bolsa de plástico atada a la rama de un árbol, recibió un tiro en la frente de su asesino, que se ocultaba detrás de un peñasco. Horas después, su familia, preocupada por la tardanza de Manuel, encontró su cuerpo sin vida en el monte de Torroso donde había quedado con el presunto vendedor al que nadie ponía cara.

El asesino, tras ejecutar el disparo, se llevó la cartera del empresario y un sobre con 100.000 pesetas que llevaba para pagar unos palés de vino, aunque el robo fue descartado como posible móvil del crimen. También le quitó las llaves del coche y las arrojó por un terraplén de unos 15 metros, donde fueron recuperadas. Días después la Guardia Civil también encontró debajo de una piedra, en la misma zona, el teléfono móvil de Manuel.

El rastreo de las llamadas recibidas por la víctima permitió ubicar las realizadas por la persona que pretendía venderle la finca en distintas cabinas telefónicas públicas. La última se realizó desde una tienda próxima a la casa del empresario el mismo día de su muerte, cuando concertaron la cita. Solo tres personas utilizaron esa cabina el día de autos, dos eran usuarios habituales del teléfono y pudieron justificar los motivos y destinatarios de las llamadas, el tercer no. Contra ese recayeron las sospechas de la investigación, que se incrementaron cuando la Guardia Civil descubrió que también había utilizado otro de los teléfonos públicos desde el que Manuel recibió otra de las llamadas del supuesto vendedor de la finca. El sospechoso alegó que había utilizado el teléfono de la tienda para llamar a su sobrino, pero este lo desmintió, explicando que siempre lo llamaba desde su móvil personal.

Además, los investigadores descubrieron que el sospechoso había tenido un roce laboral con el empresario por un vertido de hormigón en una obra. Pérez Portela se quejó a su jefe, que tiempo después le despidió. Este podría haber sido el móvil del crimen que, aunque la Guardia Civil creía en su rápida solución por las numerosas pistas, casi 20 años después sigue sin resolverse, pues, aunque se registró el domicilio del sospechoso y de su hermana, no encontraron el arma del crimen.

El 30 de enero de 2006 la jueza de Tui decretó el archivo provisional del caso, y desde entonces, nada se ha avanzado, aunque la familia de Manuel nunca ha dejado de luchar por la reapertura del caso, proponiendo incluso la triangulación del teléfono del sospechoso, para saber si estuvo en el monte en el que ejecutaron al empresario aquel 11 de enero. A falta de 20 días para que prescriba para siempre, vuelven a reclamar que se haga justicia.

“Llevamos 20 años confiando en la justicia, pero esto es el colmo de un cúmulo de cosas mal hechas”

Manuel Pérez Portela era padre de cuatro hijos, los cuales dicen que “llevamos 20 años confiando en la justicia”. No obstante, a falta de 20 días para que prescriba el caso por asesinato de su padre y tras 16 años en sin avances en la investigación, han dejado de creer en el sistema. “Nos sentimos desamparados”, lamentan, indicando que la pérdida del teléfono móvil de la víctima, que, en caso de conservar ADN de su asesino, que manipuló el mismo para esconderlo debajo de una piedra y borrar el historial de llamadas, podría ser determinante para, por fin, resolver el caso con los avances en criminología existentes en la actualidad.

“No se puede perder una prueba en el juzgado”, insisten, indicando que “intentaremos llegar hasta donde podamos, alguien tiene que asumir la responsabilidad”. En este sentido, aseguran que exigirán depurar responsabilidades al juzgado porque “es el colmo de un cúmulo de cosas mal hechas”. Se refieren, entre otras cosas, a que, los distintos jueces que llevaron el caso en el juzgado de Tui a lo largo de estos años, nunca llamaron a declarar al único sospechoso a pesar de que había varios indicios que apuntaban a su culpabilidad según las investigaciones de la Guardia Civil.

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