El edificio parado desde 1994 en Chapela arrancará las obras antes de fin de año
El departamento de Urbanismo confirma que dispone de licencia de obra | La promotora construirá seis viviendas de tres habitaciones y el plazo de ejecución es de siete meses

Estado que presenta el edificio de Chapela parado desde hace casi tres décadas. / ANTONIO PINACHO

El polémico edificio de Chapela paralizado desde hace casi tres décadas –desde 1994– por exceso de volumen, convertido con el paso del tiempo en uno de los ejemplos del feísmo urbanístico de la comarca, pronto dejará de estropear la imagen de la parroquia redondelana.
Después de que en el año 2019 la empresa promotora, Sociedad Patrimonial Covelo S.L., realizara las obras requeridas para adaptarlo a la legalidad urbanística y poder construir viviendas, en los últimos días ha colocado un nuevo cartel de promoción en la base de la fachada con la intención de iniciar los trabajos para la construcción de seis pisos de tres dormitorios, con garajes y trasteros.
Según señalaron ayer desde la promotora, el inicio de las obras es inminente, tan solo pendiente de disponer del permiso de Fomento –que aseguran que ya está concedido–, por lo que los trabajos podrían comenzar antes de que acabe el año. Asimismo en los últimos meses han realizado un control exhaustivo de la estructura para comprobar que se encuentra en perfecto estado.
El plazo de ejecución de la obra es de siete meses, aunque desde la promotora se muestran cautos y se dan un margen de un año para la entrega de los pisos, ya que también se incluye la urbanización de la parcela.

Vista del edificio de Chapela con el cartel en el bajo. / ANTONIO PINACHO
Por otra parte, fuentes del departamento municipal de Urbanismo confirmaron ayer que el edificio, situado en la Avenida de Redondela junto a la rotonda de acceso de la autopista AP-9, cuenta con licencia de obra tras la demolición realizada hace tres años. La actuación se ejecutó tras una resolución firmada por el anterior alcalde, el popular Javier Bas, que en marzo de 2018 ordenó adaptar el inmueble a la legalidad, ya que la obra inicial excedía el volumen permitido en la licencia urbanística concedida en el año 1992.
La demolición realizada redujo el volumen del edificio un 38 por ciento, al rebajar de los 5.762 metros cuadrados construidos, los 2.230 que se hicieron fuera de licencia, según constaba en la resolución del expediente de disciplina urbanística. En concreto, el derribo afectó a parte de los dos sótanos, el semisótano y las dos primeras plantas, la tercera en su totalidad, además de la rampa exterior de acceso al garaje. El edificio definitivo constará de dos bajo y dos alturas en la fachada principal.
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