La Diputación contrata “inspectores” de basura para Salceda y otros once concellos
Vigilarán la gestión de residuos de negocios y empresas, realizando controles periódicos e incluso grabaciones | Se beneficiarán también A Cañiza, As Neves, A Guarda, Tomiño y O Rosal
La Diputación de Pontevedra se va a encargar de la vigilancia e inspección de la basura en establecimientos, entidades o empresas generadoras de residuos en doce Concellos de la provincia, entre los cuales se encuentran Salceda de Caselas, A Cañiza, As Neves, A Guarda, O Rosal y Tomiño. Para ello asignará un cuerpo de personal inspector, que estará formado por funcionarios provinciales del programa Revitaliza, que serán los encargados de identificar posibles incumplimientos y riesgos ambientales asociados a la actividad de negocios y empresas, pero en ningún caso de domicilios particulares.
El servicio comenzará a funcionar en los primeros meses de 2023 con el objetivo de cumplir la normativa vigente de reciclaje, evitar sanciones y “tener sensibilidad con el planeta que habitamos”, según explica el vicepresidente provincial, César Mosquera, que indica que la Diputación tomó la iniciativa de crear este cuerpo provincial para ayudar a los Concellos, porque hace años que ya debería haber alcanzado los porcentajes marcados tanto por la normativa gallega, estatal y europea.
Controles periódicos
Estos “inspectores” de residuos deberán realizar exámenes y controles periódicos, incluso realizando grabaciones de imágenes, para levantar actas que podrán dar lugar a expedientes sancionadores. De esta manera, el objetivo será certificar que los residuos generados se entregan adecuadamente a gestores autorizados, y ver que cumplen las ordenanzas municipales y la normativa vigente en los referido al tratamiento de las diferentes fracciones: papeles, metales, plástico, vidrio y, fundamentalmente, biorresiudos, que deben recogerse de manera separada desde el pasado 30 de junio.
El coste inicial del servicio para la Diputación será de cerca de 370.000 euros anuales, contemplándose inicialmente uno o una vigilante por cada 20.000 habitantes. La cantidad económica que deberán abonar los Concellos será de tres euros multiplicados por su número de habitantes, contando con una bonificación del 70% para los Concellos adheridos al plan Revitaliza.
En cuanto a los plazos, el pleno provincial aprobó ayer la encomienda de gestión por parte de los Concellos y en breve se firmarán los convenios de colaboración bilaterales. Paralelamente se pondrá en marcha el proceso selectivo de personal que podría comenzar a ejercer sus funciones en los meses de febrero o marzo.
Además de Salceda, A Cañiza, As Neves, A Guarda, O Rosal y Tomiño, también participan en esta iniciativa Barro, Meis, Silleda, Bueu, Moaña y Cangas, siendo este un proceso abierto, por lo que en el futuro podrán incorporarse otros concellos de la provincia si lo consideran beneficioso.
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