Aunque él y el delegado de Cespa en Galicia son los principales acusados del caso relacionado con el presunto amaño del contrato de la basura de Nigrán en 2004, el entonces alcalde, Alfredo Rodríguez Millares, está convencido de que se le implicó casi de rebote. Cree que se trata de un “montaje” para sacar rédito político y asegura que la mordida de 102.173,35 euros que la Fiscalía considera que cobró por parte de la concesionaria, y por la que pide un año de prisión para él y 50.000 euros de multa, es “una falsedad”. Afirma que la cifra procede de un estudio “negligente” de una parte de sus cuentas bancarias que le han “impedido” aclarar en el juzgado.
–¿Cómo afronta el proceso 18 años después de los hechos que le imputan?
–Esto está montado por un cretino a través de una denuncia anónima ante la Fiscalía para sacar beneficio político.
–¿A quién se refiere?
–Al actual alcalde, Juan González [PSOE].
–¿Cree que fue él quien denunció el caso ante el fiscal?
–No sé si fue él directamente pero sí fue quien promovió el asunto contra Antonio Fernández Comesaña y la situación se amplía hasta mí.
–Explíquese.
–El contrato se firmó en noviembre 2004 y la denuncia surgió en abril de 2014. El delito de cohecho prescribe a los cinco años. Cuando se presentó la denuncia quedaban siete meses para que prescribiese el de prevaricación y poco más de un año para las elecciones municipales. Este individuo pensaba que podía ser alcalde, porque las circunstancias no eran favorables para el entonces regidor [Alberto Valverde, del PP] y se montó este asunto, no para atacarme políticamente a mí porque yo dejé la política en 2007, sino para sacar beneficio propio. Se empezó por Antonio Fernández Comesaña, que lideraba Unión Centrista de Nigrán (UCN) y podía ser llave de gobierno, e indirectamente me meten a mí para atacar de paso al PP. Empezó con los alquileres [de los bajos comerciales de sus socios de gobierno del PINN, Antonio Fernández Comesaña y Avelino Fernández, a los que la concesionaria llegó a abonar 57.696 euros y 7.200 euros anuales, respectivamente, según la fiscal] y luego lo que pasó en el juzgado es lamentable.
–¿Qué pasó?
–Esto se basa en dos informes: económico y técnico. El técnico lo hizo el interventor municipal, un analfabeto técnico, que pone en cuestión la valoración de las ofertas de un ingeniero incuestionable. El económico es un informe negligente, no digo malintencionado porque lo harían técnicos, que analizaron tres cuentas corrientes mías. Vieron los ingresos y las declaraciones fiscales y deducen que hay una cantidad que no está justificada. Son transferencias internas entre mis propias cuentas y mis sociedades que quise explicar en sede judicial y no me lo permitieron. No he podido defenderme.
–¿La contratación del servicio de la basura fue transparente?
–Totalmente, si estuviese mal podrían haberlo recurrido tanto las empresas ofertantes como los propios funcionarios municipales. La mesa de contratación lo aprobó y el pleno lo aprobó. Si hubiese irregularidades, el secretario municipal y los técnicos lo habrían visto.
–¿Tenían acceso? El sumario recoge que usted guardó la documentación con llave.
–Claro que lo tenían. Se guardó en la Alcaldía y las llaves las tenía depositadas el secretario municipal.
–Usted contrató a otro de los acusados, el ingeniero José Antonio Ferreira, para que valorase las ofertas. Según la Fiscalía, habría puntuado mejor a Cespa porque era socio suyo en Lagares Ingeniería. ¿Lo era?
–No. Cuando entré en la Alcaldía dejé mis participaciones en esa empresa. En todo caso aquí se habla de otra consultora, que es Soloplan. Nadie ha cuestionado esa contratación. Yo contraté a esa persona porque considero que es uno de los que más sabe en España sobre recogida de basuras. Nadie me dijo que no podía hacerlo.
–Afirma que puede justificar la procedencia de ese dinero que según la fiscal cobró de Cespa. ¿Cree que se pueden justificar los alquileres de los bajos en las mismas fechas que se firmó el contrato?
–Yo en eso no puedo entrar, tendrá que preguntarle a quien corresponda. Lo que es cierto es que el mismo local de Avelino Fernández ya lo tenía alquilado la concesionaria anterior, FCC.
–Si se considera víctima de un montaje, ¿tomará medidas judiciales por ello?.
–Ahora lo que me preocupa es desbancar ese informe económico negligente con un informe pericial que presentaré en el juicio. Es evidente que me siento atropellado 18 años después de este tema y 8 años después de que comenzase la investigación. Cuando acabe todo esto ya veremos. Lo que está claro es que lo que hicimos fue positivo para Nigrán. Pasamos de un servicio de la edad de piedra a uno modernizado y ello no supuso ningún quebranto económico para el Concello. De hecho, el Ayuntamiento no se ha personado en el proceso como perjudicado.
Avelino Fernández niega haber participado en el contrato y cobrado por ello
El exalcalde del PP entre 1987 y 1995, que después fundó el PINN, era concejal de la Corporación y formaba parte del gobierno bipartito cuando se firmó el contrato, aunque sin responsabilidades de gestión en aquel momento. Avelino Fernández niega rotundamente los hechos y así lo manifestó ayer a través de su abogado, Alejandro Vega, quien quiso dejar claro que su cliente no participó en ninguna de las votaciones que dieron lugar a la adjudicación del servicio de recogida de basura a Cespa. El letrado aseguró además que “es totalmente falso” que cobrase una mordida de 88.206 euros por parte de Cespa, como le atribuye la Fiscalía, que lo acusa de un presunto delito de cohecho por el que pide una condena de un año de prisión y una multa de 3.000 euros. El informe de Hacienda sobre sus cuentas “está cargado de errores”, de hecho la defensa presentará un informe que lo demostrará en el juicio. La cantidad, afirma el abogado, corresponde a ingresos por la actividad empresarial del ex cargo público en el sector inmobiliario. “Aportamos un informe pericial que acredita que ese supuesto desfase económico no es tal ni corresponde a ninguna mordida y que se debatirá en el juicio”, añade.
Antonio Fernández Comesaña: “Todo lo que afirma la fiscal son meras sospechas, por no decir falsedades”
También niega las acusaciones de presunta prevaricación y cohecho de la Fiscalía el exconcejal del PINN, después de Unión Centrista de Nigrán (UCN), Antonio Fernández Comesaña, que considera un “escándalo” que se celebre un juicio 18 años después de haberse adjudicado el servicio de recogida de basura.
El exedil niega el soborno que la fiscal le atribuye por parte de la adjudicataria de 7.409 euros: “tanto mi mujer como yo fuimos objeto de una exhaustiva inspección fiscal por parte de la Agencia Tributaria en los años 2005/2006 sin encontrar irregularidad alguna. Todo lo que afirma la fiscal son meras sospechas, por no decir falsedades”.
Sobre la contratación, asegura que “fue tramitada de forma impecable, siendo informada favorablemente tanto por el ingeniero municipal como por uno externo especialista en la materia y por el interventor y el secretario municipal, de manera que se adjudicó a la mejor oferta propuesta por los técnicos, de lo contrario sí sería prevaricar”.
Comesaña confía en que “al final se haga justicia, tal y como ocurrió en la otra causa de la que fui objeto, también por venganza política”. Fue absuelto de prevaricación por el encargo a, a dedo según la Fiscalía, de un proyecto de urbanización y acabó indemnizado por la Audiencia Nacional por daños morales.
