“Bombera acosada y humillada. La Mancomunidad del Val Miñor culpable por omisión”. Con estas dos frases sobre una pancarta con el escudo del GES Val Miñor resumía ayer Rosy Pereira para los asistentes al concurrido mercadillo de los lunes en Sabarís su situación límite. El conflicto interno que enfrenta a miembros de la plantilla del servicio cumple ya seis años sin que la Administración haya tomado medidas eficaces y la delegada sindical ya no puede más. Con una huelga de hambre en previsión si la Mancomunidade do Val Miñor no actúa, decidió plantarse a mediodía con una pancarta en la feria para dar a conocer la “injusticia”.
“Yo no pido que echen a nadie, pero sí que se haga algo para resolver la situación, que es insostenible. Me han amenazado de muerte”
La gestión del grupo de emergencias corresponde a la Mancomunidade, que ha afrontado ya una multa de 25.000 euros por parte de la Inspección de Trabajo por no actuar. Hace un año que el organismo estatal le impuso la sanción por una “infracción moi grave” por su “comportamento omisivo ante situacións de tensión laboral, enfrontamento e comportamentos de acoso por parte de dous membros do cadro de persoal para con gran parte das outras persoas integrantes do mesmo, sen que se chegasen a adoptar as medidas disciplinarias suficientes e adecuadas para evitar a violación dos dereitos das persoas traballadoras, facendo deixación así, do seu papel de garante do respecto aos dereitos básicos que compoñen a relación laboral”.
El problema arrancó en 2018, cuando el equipo cambió de coordinador y, por lo tanto de modelo de organización. Comenzaron los enfrentamientos, que llegaron a ser graves, con faltas de respeto incluidas, sobre todo al jefe del servicio y a la representante sindical.
Trámites
La multa a la Mancomunidade coincidió con trámites administrativos en marcha, como la creación de un protocolo contra el acoso laboral y de una comisión de investigación sobre el asunto, recuerda Paco Ferreira, alcalde de Gondomar, que presidió la Mancomunidade en 2021. Se contrató una auditoría externa que calificó la situación de “muy preocupante” e incluso el regidor gondomareño llegó a prohibir el acceso de dos de los efectivos a las dependencias del GES mientras permaneciesen de baja laboral.
El presidente de la entidad comarcal afirma que la apertura de expediente disciplinario está en marcha
Y es que el conflicto ha apartado ya de sus puestos de trabajo a varios integrantes del equipo, tres en la actualidad, por lo que “tampouco é posible tomar medidas mentres permanezan de baixa”, recalca el alcalde de Nigrán, Juan González, presidente de la Mancomunidad este año. La apertura del expediente disciplinario que apuntaba la Inspección del Trabajo se complica, indica, por problemas burocráticos como el nombramiento de un instructor del procedimiento, ya que “ningún funcionario quere asumir a responsabilidade e a Deputación, á que lle pedimos apoio nisto, tamén se inhibiu”. El regidor nigranés asegura que “hay que seguir uns pasos legais para non tomar decisións precipitadas que podan perxudicar aínda máis” y afirma que esta situación es “un trago moi amargo” para él, porque “é un problema que lle está afectando moito a algúns traballadores”. En todo caso, asegura que trata de mantener abierto el diálogo y pide a Rosy Pereira que dé “un pouco máis de tempo” a la Mancomunidade para “ser o máis xustos posibles”.
Para ella es complicado aguantar más porque lleva meses de baja por el estrés que le producía trabajar bajo “tanta presión”. No descarta declararse en huelga de hambre en unos días si la entidad comarcal no toma las medidas que le indicó la Inspección de Trabajo hace ya un año. “Yo no pido que echen a nadie, pero sí que se haga algo para resolver la situación, que es insostenible. Me han amenazado de muerte”.
