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El colectivo contra Aucosa pide al Concello que no recurra el fallo que revoca la licencia

Reclaman al gobierno local que acate la sentencia y dé por finalizado el proceso contencioso administrativo

Representantes de la plataforma San Simón y de los vecinos de Chapela y Cedeira, ayer, en Meirande. // Ricardo Grobas

La Plataforma en Defensa da Enseada de San Simón y las asociaciones de vecinos de Chapela y Cedeira reclamaron ayer al gobierno local de Redondela que acate la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo que anula la licencia concedida por el Concello para las obras de ampliación de las instalaciones de la empresa Aucosa. El colectivo plantea que los dirigentes municipales se posicionen del lado de los vecinos y den por finalizado el proceso contencioso-administrativo sin interponer recurso de apelación al fallo judicial. Y, consecuentemente, reclaman que se actúe para restablecer la legalidad urbanística sin demora.

Otra de las reclamaciones de la plataforma vecinal es la suspensión cautelar de la actividad de la planta de almacenamento y regasificación de Gas Natural Licuado, al considerar que ese depósito de combustible de 50 m³ supone un alto riesgo para los residentes del entorno.

Los afectados pretenden que se restablezca la legalidad urbanística sin demora

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El fallo que revoca la licencia municipal para la ampliación de la planta de Aucosa es el resultado del proceso contencioso administrativo iniciado por el colectivo en Defensa da Enseada de San Simón contra la resolución del Concello de Redondela que otorgó licencia municipal para que la empresa, dedicada a la elaboración de harinas y aceites de pescado, emprendiera una serie de obras de mejora en sus instalaciones para “modernizar” y llevar a cabo “mejoras medioambientales” en las mismas. En aquel momento, tanto la Xunta de Galicia como el arquitecto municipal emitieron informes favorables para dichas actuaciones.

Instalaciones de Aucosa, en el litoral de Cabanas, cerca de Rande. / Ricardo Grobas

En su resolución, el magistrado señala que el informe del arquitecto municipal parte de “premisas erróneas” y que no es cierto que la obra cuestionada no necesite evaluación ambiental, ya que parte de la actuaciones previstas se desarrollan en suelo urbano, pero otra parte son en dominio público. Además, señala que este técnico omite la afectación a la Red Natura y al espacio protegido de la ensenada de San Simón.

También expone que las instalaciones primitivas de la empresa ya eran “disconformes con el planeamiento” y que las modificaciones posteriores “no se legalizaron”.

El colectivo vecinal también quiere todos los partidos se posicionen sobre sus demandas, por lo que esta semana mantendrán reuniones con las distintas formaciones y les propondrán llevar el asunto al pleno para que muestren su respaldo unánime a que el Concello no presente recurso de apelación al citado fallo judicial. Consideran que están ante una “oportunidad histórica” para conseguir el traslado de Aucosa a otro lugar alejado del mar.

El presidente de la asociación vecinal de Chapela, Marcial Pérez, advirtió que tras la sentencia no cesarán en su empeño hasta conseguir la "paralización de actividad" de la empresa y el desmantelamiento de las instalaciones. En este sentido recordó que los vecinos llevan "30 años de lucha" contra la actividad de esta empresa por "los malos olores, los ruidos, los vertidos y su situación urbanística ilegal".

El BNG expresa su apoyo a los vecinos

El grupo municipal del BNG expresó su apoyo al movimiento vecinal en su lucha para que la empresa Aucosa deje su actividad en Cabanas y, al mismo tiempo, mostró su preocupación por el perjuicio económico que puede suponer para el Concello de Redondela en caso de que la sentenza se haga firme en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Los nacionalistas responsabilizan directamente al PP, “que con Javier Bas á cabeza defendeu, mesmo nun acto veciñal, a ampliación da factoría cando xa había evidencias de que non había base para permitila”. También consideran que el gobierno actual de Digna Rivas, que concesió la licencia en 2020, “nunca debeu facelo, tal como recoñece o xulgado”.

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