Los vecinos de la parroquia redondelana de Quintela deberían estar disfrutando ya de su flamante centro cultural, una infraestructura cuyo proyecto fue adjudicado en junio de 2019 en los últimos días del mandato del exalcalde popular Javier Bas. Sin embargo, dos años y medio después, lo único que existe en los terrenos para este edificio es una explanada de hormigón y un cartel de obras ya degradado por el paso del tiempo. Ni una máquina, ni un obrero. Nada que haga prever que la obra pueda ser una realidad a corto plazo.
El retraso que acumula esta actuación, una dotación cultural que responde a la demanda desde hace años de esta parroquia –la única del municipio redondelano que aún carece de un local para sus actividades lúdicas–, ha generado en los últimos días un cruce de acusaciones en las redes sociales entre el PP, principal partido de la oposición, y el gobierno local del PSOE.
Los populares destacan que antes de salir del gobierno local dejaron licitada y adjudicada la obra y reprochan a los actuales gobernantes que, dos años y medio después, aún siga sin ser una realidad. Y tiran de sorna para denunciar la situación con una fotografía en los terrenos en la que se ve una edificación de juguete: “Menos mal que Papá Noel se apiadó de la parroquia de Quintela y nos sorprendió con esta fantástica casa de cultura de Playmobil”, se burlan.
La broma no sentó nada bien a los responsables municipales, que contestaron a través del Facebook del grupo socialista: “La desvergüenza del Partido Popular supera límites. ¿Quién engaña a quién? Parece que hay quien piensa que los actos no tienen consecuencias y que las mentiras nunca se descubren. El PP debería tener más tino con sus manifestaciones y explicar qué había detrás de la contratación de este proyecto”.
Desde el PSOE justifican el retraso de la obra en que el proyecto tuvo que ser nuevamente contratado por el actual gobierno “tras la denuncia insólita del Colexio Oficial de Arquitectos después de detectar diversas irregularidades”. Y amenazan con solicitar una comisión de investigación para que el exalcalde popular, Javier Bas, “explique el oscurantismo de esta contratación durante su gobierno”. Unos reproches que acompañan con la denuncia remitida por el Colexio de Arquitectos, un escrito de seis páginas en el que se explica que el proyecto infringía la Ley de Ordenación de la Edificiación, ya que estaba firmado por un técnico que carece de competencias en esta materia.
