A estas horas, y a pesar de los muy altos índices de vacunación, renace la inquietud ante la posibilidad –que es más que eso ya en media Europa– de una sexta ola del COVID. Y aumenta el lógico nerviosismo de los hosteleros, hoteleros y negocios turísticos, muchos de los cuales apenas han recobrado el aliento tras año y medio de crisis pandémica. Un panorama que se complica aún más con el aumento de la tensión que afecta a sectores claves de esta sociedad, desde agricultores a ganaderos pasando por transportistas y armadores y tripulantes de buques pesqueros.

(Item más: deben citarse las industrias de locomoción que preparan sus ERTE por la escasez de material, los comerciantes y sobre todo los autónomos. Junto a agricultores ganaderos y consumidores. Aunque hay excepciones, sí: los hooligans del PSOE que no alcanzan a ver más allá de sus narices, los extremistas de izquierda y por supuesto, los separatistas catalanes y los vascos, que obtienen del señor Sánchez por encima y por debajo de la mesa lo que le exijan. Alguien podrá decir que esta visión es excesivamente pesimista y quizá tenga razón en el caso de que quien replique haga oídos sordos al clamor de la calle.

Un clamor que, por cierto, surge también de los cuerpos y fuerzas policiales del Estado, incluso las autonómicas. Que ven en el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana una especie de patente de corso para quienes atenten contra el orden público o cosas peores, al amparo del típico cinismo de la ultraizquierda, que confunde el culo con las témporas y los derechos con una bula para que sus simpatizantes revienten las calles. Y en Galicia, por ejemplo, se concentrarán los agentes ante la Delegación del Gobierno y sus sucursales provinciales para rechazar el proyecto de forma pública, mientras hay una huelga general en A Mariña lucense y con motivos sobrados para convocarla.)

Claro que, mientras todo esto ocurre y el resto se calienta, en el Parlamento los de la sinistra se ocupan de modificar o eliminar la amnistía de 1978, los de la diestra de disimular sus querellas internas y el Gobierno, como tal, se aferra a las quimeras apoyadas en unos presupuestos en los que nadie serio cree o en las dádivas de la UE, cuya entrega, condicionada, es lo único que aporta cierta racionalidad a una parte del Gabinete. Y quizá para no ser menos, algunas comunidades insisten, como la Xunta, en prometer el oro y el moro en ayudas, subvenciones y dádivas cuyo montante nadie sabe de dónde saldrá, aparte del bolsillo de los contribuyentes.

Ocurre que esta España –con Galicia incluida– en apariencia enloquecida y sorda a los avisos, sigue sin exigir lo prioritario, desde una Ley de Salud Pública estatal hasta el cese del acoso contra la Constitución inducido por parte del Gabinete y tolerado por la otra parte, pasando por la conversión de la Enseñanza en una especie de teatrillo para fomentar el atraso y generalizar la mediocridad siguiendo los modelos del oficio político. Todo ello mientras unos cuantos se cargan desde puestos con sueldos públicos la economía de todos en un aquelarre de gasto que no tiene fin. Al menos hasta las próximas elecciones tras las que, si entran otros, habrá poda en vez de recortes. ¡Viva la Pepa…!