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El juez aplaza el desahucio de mañana a una familia de Nigrán

Dos adultos y un menor tienen un mes para regularizar la situación

Casa de los maestros en Camos. | // D.P.

El juez paralizó el desahucio de una familia de Nigrán que tenían orden de desalojo para mañana. El magistrado tomó la decisión, el pasado viernes, de aplazar el lanzamiento por un mes, según apuntan fuentes municipales, después de que diferentes organizaciones de la localidad hayan solicitado al alcalde, Juan González, que “adoptara todas las medidas necesarias”.

La familia, que está formada por dos adultos y un menor, tendrá, así, un mes para intentar regularizar su situación, tras la decisión judicial. Desde el Ayuntamiento apuntan a que “este tipo de situaciones siempre se atienden mediante el departamento de Servicios Sociales”. De hecho, Podemos Nigrán, Esquerda Unida, Plataforma de usuarias afectadas por S.S. de Nigrán y Asociación Rebeldía, las organizaciones que firman el comunicado en el que instan al gobierno municipal a adoptar medidas, reconocen que “el Concello únicamente facilitó ayudas por valor de 900 euros”, pero lo consideran insuficiente. Así que pedían al regidor que “ordene a la concejala delegada en Servizos Sociais que aumente el número de ayudas en este caso”, puesto que según apunta uno de los portavoces, José Cuevas, de Izquierda Unida “la familia está tramitando el RISGA, por eso no abandonan el alquiler, cuando dispongan de ella la situación será totalmente diferente”.

Casa de los maestros

En este contexto, el Concello de Nigrán insiste en pedir a la Xunta de Galicia la desafección de la casa de los maestros de Camos “para emplearla en este tipo de situaciones de riesgo”, apuntan. “Está adjudicada a una docente pero toda la parroquia sabe que, en realidad, no vive nadie desde hace año ahí”, justificó el alcalde en el mes de marzo de este año cuando remitió una petición a la Consellería de Educación.

Las organizaciones , que enviaron un escrito reclamando medidas urgentes, pidieron que se traslade a la familia a la vivienda de integración social, que está adosada a la que el Concello le reclama a la Xunta pero “esta se emplea desde el 2017 como programa de respiro familia de CEE Juan María”, que atiende a personas con discapacidad intelectual.

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