Si en lo que queda de 2021 no aprueba un presupuesto municipal para el próximo ejercicio, el Concello de Gondomar iniciará el año que viene con el de 2012 prorrogado por décima vez consecutiva. Un documento que atiende a unas necesidades económicas y unas demandas de hace una década y que lleva al gobierno municipal a realizar cuantiosos gastos fuera de las previsiones. En solo dos años, denuncian los ediles de Manifesto Miñor Antonio Araúxo y Rocío Cambra, el gobierno municipal ha afrontado costes por más de 5,3 millones de euros con informes en contra del departamento de Intervención. Una cantidad que consideran “desproporcionada” y “sen xustificación”, por lo que han solicitado al Consello de Contas que ponga orden en la gestión del dinero público en la Administración local. El organismo autonómico ha contestado que incluirá a la localidad en su plan de trabajo y el alcalde, Paco Ferreira, asegura “estar muy tranquilo” porque es un ente público, comenta, que revisa las cuentas de todos los ayuntamientos periódicamente “y Gondomar es uno de los pocos que cierra cada ejercicio en tiempo y forma”.
Araúxo y Cambra advierten de que “no mellor dos casos estariamos diante dunha evidente práctica de clientelismo político, e no peor, na antesala da corrupción”
Araúxo y Cambra relatan al Consello que Ferreira ha levantado al menos 254 reparos de la interventora municipal para afrontar los mencionados gastos, “sen incluir neste cómputo as nóminas do persoal municipal, o pago da corriente eléctrica e o da telefonía, que tamén veñen sendo reparados sistematicamente porque as bases de execución do orzamento están obsoletas e pola negativa sistemática a sacar a concurso público cuestións tan relevantes coma o suministro eléctrico, a telefonía ou outros servicios”. Apuntan incluso a advertencias de la funcionaria sobre el fraccionamiento de contratos y la contratación de servicios con comunidades de bienes o empresas no cualificadas y advierten de que “no mellor dos casos estariamos diante dunha evidente práctica de clientelismo político, e no peor, na antesala da corrupción”.
Ferreira: "La gestión económica ha sido impecable. No solo hemos hecho caja, sino que hemos pagado lo que se debía"
El alcalde reprocha a los ediles de Manifesto que “quieran sembrar siempre la sospecha de la corrupción” sobre el municipio. “Ese tiempo ya ha pasado y esto es demagogia”, deja claro, “y si quisieran un poco a Gondomar no lanzarían estas acusaciones sobre su ayuntamiento”. Los insta a “acudir a los juzgados si detectan algún indicio de delito” y lamenta que “traten de dejar en mal lugar a la propia interventora municipal, que ya habría acudido a la Fiscalía si apreciase prácticas delictivas”.
Admite Ferreira “que no es normal trabajar con un presupuesto de 2012, pero tampoco es ilegal” y recuerda que “hasta hace poco no teníamos mayoría suficiente para aprobarlo”. Lleva seis años al frente de la Alcaldía, los dos últimos con mayoría absoluta, pero justifica que durante el anterior mandato, el del bipartito PSOE-Manifesto Miñor, gobernaban en minoría y que en esta última etapa, ya con 9 concejales socialistas de los 17 de la Corporación, “la pandemia lo ha colapsado todo”. No obstante, asegura que su equipo está trabajando ya en unos presupuestos para el año que viene.
En cualquier caso, el hecho de trabajar con unas cuentas de hace una década aprobadas por un gobierno del PP, asegura el regidor, “no ha impedido que realizásemos una gestión económica impecable”. “No solo hicimos caja, sino que pagamos todo lo que debíamos”, subraya. Incide que en que su gobierno afrontó las deudas del PP nada más llegar. “Tuvimos que pagar 500.000 euros a Augas de Galicia, 200.000 euros a Geseco, derribar una casa e indemnizar a los propietarios con 150.000 euros, etc. Y además, estamos al día con las facturas y pagamos a los proveedores en 40 días”, destaca.
El Concello recurre la sentencia de A Pasaxe y la cumple a la vez
“No perder tiempo” es la máxima del gobierno municipal de Gondomar respecto a las obras que legalizarán de una vez por todas el polígono de A Pasaxe tras más de medio siglo de desarrollo al margen de la normativa urbanística. Y es que, como aseguró ayer Ferreira, el Concello va a cumplir la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 que frena el proyecto de urbanización y da la razón a la plataforma vecinal de afectados por el polígono A Garrida-A Pasaxe. Por un lado, técnicos municipales ultimaban ayer, según señaló el alcalde, el informe ambiental simplificado para remitirlo a la Xunta y exponer a continuación el documento al público para dar la oportunidad de presentar alegaciones a la ciudadanía, tal y como indica el fallo judicial. Al mismo tiempo, los asesores jurídicos del gobierno local preparan un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia al considerar que la tramitación del proyecto de urbanización fue correcta y ajustada a la legalidad. Tanto el PP como el BNG solicitan la comparecencia urgente de Ferreira en el pleno para aclarar la situación legal del polígono en el que operan más de un centenar de empresas y más de 3.500 trabajadores.
