Las cien empresas del polígono de A Pasaxe tendrán que esperar al menos hasta el año que viene para lograr la seguridad jurídica que les aportará la regularización urbanística de sus terrenos. Una sentencia emitida este mismo lunes y hecha pública ayer paralizó una vez más el proceso de legalización que se prolonga ya más de una década. La adjudicación de las obras de urbanización a la empresa COPASA por 2,8 millones para acondicionar los viales, dotar de redes de saneamiento y suministro de agua, además de acometidas eléctricas y alumbrado, iba a aprobarse en el pleno de ayer pero finalmente la Corporación acordó retirarlo del debate de manera unánime al conocerse horas antes el fallo judicial que obliga a aprobar de nuevo el proyecto, después de someterlo a información pública y realizar una evaluación ambiental.
El proyecto aplazado desarrollará la primera fase, la superficie de 200.000 metros cuadrados ya ocupados por naves
El titular del Juzgado de lo Contencioso Número 2 de Vigo da la razón en su resolución a la plataforma de afectados por el polígono A Garrida-A Pasaxe, que integra a doscientos vecinos de la parroquia viguesa de Valadares que recurrieron la aprobación del proyecto de urbanización por parte de la Corporación municipal gondomareña el 5 de octubre de 2020 para sacar a concurso público las obras.
Suministro de agua de Vigo
La sentencia no declara nulo del todo el plan urbanístico, pero sí pone de manifiesto fallos en su tramitación. Según el juez, el procedimiento se llevó a cabo como un proyecto de obra común, pese a exigir su envergadura y naturaleza supramunicipal el informe ambiental y la exposición pública de un mes para que los afectados formulen las alegaciones que consideren necesarias.
Los vecinos reclaman la oportunidad de alegar al proyecto para garantizar “la protección del túnel de Valladares, que canaliza la red de suministro de agua de Vigo”, explica José Ramón Costas Alonso, portavoz de la plataforma. Según asegura, existen informes que desaconsejan cualquier construcción sobre dicha canalización por su antigüedad, dado que se construyó en 1940”. Apunta también a la necesidad de evitar afectar a la ronda de Vigo (VG-20), a un tramo del Camino de Santiago y a un petroglifo localizado en la zona.
"Lo más prudente es aplazar el proyecto", indica el alcalde
A la espera de analizar las consecuencias de la sentencia con los técnicos municipales y los asesores jurídicos contratados de los bufetes vigueses de Garrigues Walker y Calixto Escariz, el gobierno municipal prefirió posponer la adjudicación de las obras.
El alcalde, Francisco Ferreira, aboga por posponer los trabajos que servirán para adaptar a la legalidad un polígono que creció en suelo rústico al margen de la normativa urbanística durante más de medio siglo. “Es lo más prudente”, señaló.
El Ayuntamiento recurrirá
El regidor dejó claro que el Ayuntamiento recurrirá la sentencia, pero la resolución del recurso por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia puede demorarse y Ferreira apuesta por hacer efectivas “cuanto antes” las correcciones que plantea la sentencia. “Creo que no debemos perder el tiempo y, en todo caso, la exposición pública y el informe ambiental aportarán transparencia al proceso”.
Si no se sometió a alegaciones y a evaluación de impacto fue “porque los técnicos municipales y asesores externos no lo consideraron necesario”, explica el alcalde. “Nosotros seguimos sus indicaciones en todo momento. De hecho, esperamos durante meses el informe de Patrimonio y, si entendiésemos que el ambiental y la información pública también se requerían, los habríamos tramitado”, recalcó.
“Estamos a favor del polígono y del empleo, pero las cosas deben hacerse de forma limpia”
Los vecinos acudieron a los tribunales para proteger bienes de interés público como el túnel de A Garrida, que canaliza la red de suministro de agua de Vigo, la ronda y elementos patrimoniales como un petroglifo localizado en el entorno y el Camino de Santiago. “Nosotros estamos a favor del desarrollo del polígono y de la creación de empleo, pero los trámites deben llevarse a cabo de forma limpia, sin dañar los intereses comunes”, explicaba ayer José Ramón Costas Alonso, portavoz de la plataforma de afectados por el polígono A Garrida-A Pasaxe.
