Tres empresas reclaman 500.000 euros al Concello de Porriño por el mismo servicio

Las sociedades, que compartían el mismo administrador, acuden a la vía judicial para cobrar por la sustitución de papeleras en 2017 | PP y EU Son aprueban recurrir la sentencia

La alcaldesa, Eva García, junto al secretario municipal en pleno. |   // D.P.

La alcaldesa, Eva García, junto al secretario municipal en pleno. | // D.P. / EVA MÍGUEZ

Eva Míguez

Tres empresas diferentes, con un mismo administrador, emitieron facturas por un mismo servicio al Ayuntamiento de Porriño en el año 2017. A la administración local no le constaba ningún tipo de contrato con estas sociedades por lo que el pago les fue rechazado. La cuantía que reclaman asciende a un total de 497.294,94 euros.

El servicio que habrían prestado al Concello es “la sustitución de papeleras modelo Ibiza”, tal y como aparece en las facturas, así como otros servicios relacionados con la basura. Como el pago no llegó, por la ausencia de contrato, acudieron al juzgado.

Ante esto, la alcaldesa Eva García de la Torre, decidió, mediante decreto, que la administración local debía allanarse ante las tres demandas interpuestas por las tres empresas. Es decir, que el Ayuntamiento aceptaba las peticiones, pese a que en el año 2017 la administración local rechazó la mayoría de sus facturas por ausencia de contrato, y abonaba los casi 500.000 euros a las empresas, que a su vez renunciaban a percibir los intereses y costas.

Una posición que no gustó al resto de la corporación local puesto que, en el pleno extraordinario que se celebró el 24 de agosto, por petición del PP aprobaron recurrir la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra en la que se recogía el pago a una de las empresas “porque va en contra de los intereses de Porriño”, mientras la dos restantes se encuentran pendiente de sentencia en el Contencioso número 1 de Pontevedra. Salió adelante con los votos a favor del grupo líder de la oposición, el PP, más los de EU Son frente a los votos en contra del PSOE, BNG y UDDL.

Según explicó el popular Alejandro Lorenzo “hay que determinar por qué tres empresas diferentes que comparten administrador facturaron por un mismo servicio”. Unas facturas que “se emitieron el mismo día, el 15 de agosto de 2017”, incidió Lorenzo, quien criticó que “no existe ningún tipo de contratación, de hecho, el administrador dijo que se hizo a través de una llamada de teléfono y que ni siquiera sabe quién lo llamó”. Afeó al Ayuntamiento que le encargara a una asesoría privada, a un profesional autónomo, “un informe para justificar que la decisión del allanamiento correspondía a la alcaldía cuando el secretario municipal determinó, por el contrario, que la decisión corresponde al pleno”.

El líder de los populares destacó que “en los meses en los que las empresas emiten las facturas algunas de ellas no tenían ningún trabajador dado de alta en la Seguridad Social”. Además, “hay que recordar que estas empresas facturaron más de 2.000.000 euros a dedo”.

Costas e intereses

El encargado de responder al popular fue el concejal socialista David Alonso, que reconoció que “lo mejor para el Ayuntamiento es allanarse para no pagar las costas e intereses, que son perjudiciales para la administración”.

Pero, por el contrario, perjudicial considera la portavoz de EU Son, Patricia Sio, “la contratación descontrolada que realiza el Ayuntamiento de Porriño” y no las costas e intereses porque “esto es un coladero para las empresas”.

Sobre esta cuestión, la alcaldesa, Eva García de la Torre, explicó en la sesión plenaria que “los técnicos dicen que los servicios sí se realizaron y ya si había o no trabajadores dados de alta es una cuestión que ya no tengo tiempo para comprobar ni es vital porque los técnicos dicen que sí se realizó”. Añadió la regidora en la sesión plenaria que “actualmente está en fase final la adjudicación del servicio”.

El socio de gobierno de los socialistas en Porriño, el Bloque Nacionalista Galego, justificó su voto en contra porque “el servicio sí se realizó según los técnicos municipales”, según dijo su portavoz Pedro Pereira y Manuel Carrera, de UDDL, “porque bastante judicializado está ya el Ayuntamiento”.

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