Unas diez mil setecientas parcelas que deben pagar, tras la última actualización de Catastro, el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) no son en la práctica edificables, aunque el suelo esté dentro de la línea que delimita el núcleo rural y sea considerado urbano.
Con una planimetría deficiente, en el año 1997 se incorporaron a las Normas Urbanísticas de Planeamiento –todavía en vigor– cientos de parcelas que con una revisión detallada no podrían ser edificables pues no cuentan con los servicios necesarios para ello, como electricidad o acceso rodado, y que en algunos casos no tienen los metros cuadrados mínimos.
Los dueños de estas fincas no quieren que sus terrenos pasen a calificarse como rústicos ya que esto les impediría construir en el caso de que fuese inventariado un determinado camino histórico que no figura en el planeamiento municipal o, tras agrupar con otras propiedades, lograr los metros necesarios. Además mientras los terrenos propiamente rústicos –aquellos destinados a agricultura– no tienen valor en el mercado inmobiliario, los situados en núcleo rural si lo tienen y perder esa condición significa perder dinero, pues un determinado comprador puede adquirir varias propiedades y solicitar posteriormente a Catastro que se unan en una sola parcela.
Debate político
Con el debate encima de la mesa, el gobierno local de PSdeG-PSOE y MS apuesta inicialmente porque la situación se mantenga tal y como está, para que ningún propietario o propietaria pierda valor en sus terrenos, pero por la contra se aplique una reducción que bonifique el recibo. Así de las 10.700 parcelas afectadas, la propiedad de 7.016 recibirán una bonificación al no contar con los metros mínimos y 3681 por carecer de camino, según los datos que maneja la concejala de Hacienda, Lucia Pereira. “De esta forma los propietarios y propietarias afectados, al menos hasta que exista una nueva regulación urbanística verán reducido el valor catastral por esta vía”, explica.
La revisión catastral impuesta por Catastro sorprendió al vecindario y también al Ayuntamiento que no esperaba que se produjera este año. Casi sin tiempo de reacción, desde la institución municipal se colaboró en la redacción de los recursos de los propietarios, pero los recibos de pago del Oral llegaron antes que Catastro resolviese los recursos y las deducciones y bonificaciones a las que presumiblemente tienen derecho no están aplicadas en un claro despropósito administrativo.
Desde el Concello, la alcaldesa, Verónica Tourón, afirma que los recursos serán tenidos en cuenta y que el ORAL devolverá o compensará los importes. Además recuerda que el Pleno aprobó con los votos a favor de todos los grupos PP, MS y PSOE una reducción en el tipo de gravamen que pasa del 0,5 al 0,4, el mínimo vigente, lo que permitirá un ahorro en los recibos a partir de 2022 “y que compensará en parte la subida de la revisión”. El PP, desde la oposición, dice que el gobierno local no hizo todo lo necesario.
Defensa de los núcleos rurales
El gobierno local defiende los núcleos rurales y considera un despropósito y “una barbaridad” intentar convertir a zonas no urbanizables todas aquellas fincas que en la actualidad no tengan edificaciones pero incluidas en núcleos. Verónica Tourón señala que si se eliminase la posibilidad de dar licencia directa de construcción en esos núcleos “todas las licencias que se dieron desde 1997 se anularían”.
El BNG (que no cuenta con representación en el pleno) y algunos vecinos han planteado la eliminación de numerosas parcelas que no pueden ser urbanas. Por la contra muchos propietarios creen que eliminar la posibilidad de urbanizar esas parcelas pasándolas a suelo rústico “sería un golpe duro para el rural” donde las restricciones son enormes. Por otra parte, la alcaldesa afirma que el futuro Plan Xeral aportará soluciones a algunas de estas problemáticas a la vez que defiende la legalidad del proceso de revisión catastral impuesto por la dirección general del Catastro que realiza de oficio una revisión en varios concellos de la provincia.
Claves
1. 10.697 fincas en el limbo. 10.697 son las fincas urbanas en las que el Concello de Salceda no puede dar licencia pero sus titulares están obligados a pagar el IBI.
2. Las quieren como urbanas. Si las fincas pasan a ser rústicas los dueños o dueñas no podrán venderlas como urbanas. Quieren pagar menos ahora pero mantener la calificación.
3. La incoherencia viene de 1997. Estas propiedades son urbanas dentro de núcleo rural desde 1997, cuando se aprobaron las actuales normas urbanísticas de planeamiento.
