El futuro centro cultural de Quintela nada tendrá que ver con el proyecto adjudicado en junio de 2019, contratado con urgencia en los últimos días del mandato del exalcalde popular Javier Bas. Los trabajos en los terrenos cedidos al Concello por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), ubicados sobre el falso túnel del AVE en el corredor del Eixo Atlántico, arrancaron la semana pasada y el antiguo cartel con las infografías del diseño del inmueble, que llevaba dos años junto a la carretera de acceso a la zona, ha sido retirado para evitar confusiones. El edificio definitivo será un bloque prefabricado con estructura modular para atender las distintas necesidades de los vecinos en la realización de actividades sociales y culturales. Una infraestructura que responde a la demanda desde hace años de esta parroquia, la única del municipio redondelano que aún carece de un local para sus actividades lúdicas.
El centro sociocultural se ubicará en una parcela con más de 25.000 metros cuadrados junto a la carretera de la antigua vía ferroviaria que desemboca en el viaducto de Madrid. El presupuesto de la actuación alcanza los 423.635 euros, con cargo al remanente de tesorería, y los trabajos –adjudicados a la empresa Rocas Graníticas del Condado, S.L.– tienen un plazo de ejecución de cuatro meses, por lo que si no se producen contratiempos deberían estar rematados a finales de noviembre.
La concejala de Urbanismo, María Castro, mostró su satisfacción por el inicio de estas obras, “que dan respuesta a una vieja aspiración de los vecinos de Quintela ya que carecen, hasta ahora, de un espacio adecuado para la realización de sus actividades culturales y sociales”.
Dos años de retraso
Este proyecto sufrió un retraso de dos años al no poder ser realizado por diversas irregularidades detectadas que obligaron a replantear la actuación y reiniciar todo el procedimiento administrativo. La responsable de Urbanismo explica que la empresa adjudicataria en 2019 renunció a ejecutar la obra “al detectar deficiencias de redacción del proyecto”. Y por otra parte, el Colexio de Arquitectos de Galicia también presentó una denuncia ante el Concello al considerar infringía la Ley de Ordenación de la Edificiación, ya que estaba firmado por un técnico “que no tenía competencias en la materia”. Castro justifica que estos problemas obligaron al actual gobierno municipal a iniciar otro procedimiento “comenzando por la redacción de un nuevo proyecto que corrigiera las deficiencias anteriores, solicitar nuevos informes técnicos y las autorizaciones sectoriales pertinentes”.
