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Un promotor de Tui construye y vende dos casas por más de 300.000 euros con licencia falsa

Un albañil trabajando en la construcción de una casa.

Un albañil trabajando en la construcción de una casa. Iñaki Osorio

Un promotor de Tui ha sido condenado por un delito continuado de estafa agravada junto a otro de falsedad documental a las penas de tres años, seis meses y dos días de prisión. El empresario había presentado un recurso ante el Tribunal Supremo para reducir la pena, y el alto tribunal lo ha estimado parcialmente, pues previamente la Audiencia Provincial había dictaminado siete años en la cárcel. Los hechos concretos colocan al condenado como administrador de una empresa dedicada a la promoción y venta de viviendas, y ejecutando la construcción de dos casas unifamiliares de primera ocupación en la parroquia de Chenlo, en el término municipal de Porriño.

Estas viviendas no contaban con las debidas licencias de obra por parte del Ayuntamiento de Porriño, por lo que el condenado decidió falsificar dichos documentos, además de elaborar y firmar dos certificados finales de obra como si fueran realizados por arquitectos y aparejadores y con el aparente visado del Colegio de Arquitectos de Galicia.

Una vez que falseó todos estos documentos, con los que pretendía acreditar su solvencia y una mayor veracidad y confianza en las futuras propietarias, convenció a esas compradoras haciéndoles creer que las viviendas cumplían la normativa y eran susceptibles de ser ocupadas, logrando así formalizar la venta, por 175.298,57 y 147.763,27 euros respectivamente, cantidades que el acusado dispuso en su propio beneficio.

En su recurso para intentar que el Tribunal Supremo redujese la condena, uno de los motivos que alegaba era que él no era la única persona que trabajaba en la empresa y que no le correspondía la solicitud y obtención de licencias y demás documentos necesarios para la construcción de inmuebles. En la empresa, según la defensa, también trabajaba la esposa, que era la administradora solidaria, y la hija. No obstante, el alto tribunal recuerda que en el propio juicio oral el condenado aseguró que era él el que hacía todo el trabajo y todas las gestiones, siendo él mismo también quien tomaba todas las decisiones. Además, llegó a reconocer entonces que nunca fue al Ayuntamiento para obtener la licencia. El condenado fue quien recibió el dinero de las ventas y lo incorporó a su patrimonio.

El promotor inmobiliario señala también que las perjudicadas reconocieron que las viviendas habían sido entregadas y que estaban terminadas en la fecha de la venta, que tomaron posesión de estas desde un primer momento y que en la actualidad todavía residen allí, siendo el único problema que tienen de carácter urbanístico. Sin embargo, el hecho de no tener licencia de obras llevará a ambas perjudicadas a tener que enfrentarse a un proceso de legalización de sus viviendas, lo que ya de por sí constituye un perjuicio. Y es que ese proceso de legalización lleva aparejados la satisfacción de unos gastos no previstos y a los que las perjudicadas deberán hacer frente, por lo que concurren todos los elementos de los delitos de falsedad y estafa por los que el recurrente ha sido condenado.

No obstante, el Tribunal Supremo considera que el condenado no debe compensar a las afectadas con el valor de venta de los inmuebles (147.763,27 y 175.298,57 euros), sino únicamente con los gastos que les ocasione a las víctimas esa legalización de las viviendas, los cuales todavía no se han estimado. “En todo caso, no parece que los mismos puedan superar los cincuenta mil euros por cada uno de los inmuebles”, apunta el Tribunal Supremo.

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