Después de tres meses de espera hoy llega el día ansiado por las miles de personas que residen en los municipios de la comarca del Baixo Miño. Y es que al fin se abren las fronteras con Portugal, una de las constantes demandas de los trabajadores transfronterizos y de las administraciones. Porque hasta ahora solo se podía cruzar al país luso por el puente internacional de Tui, y con un justificante laboral y sanitario. El resto de pasos o estaban cerrados o tenían un horario muy limitado. Todo ello se acaba hoy tras el final del Estado de Emergencia en Portugal y el anuncio del Gobierno luso de la apertura de fronteras con España.
La noticia ha sido acogida con entusiasmo y a la vez con expectación por la ciudadanía. Porque el hecho de que Galicia continúe en cierre perimetral y solo se permita entrar en la comunidad por motivos laborales, educativos o sanitarios hace dudar sobre la posibilidad de ir de visita o a hacer otras gestiones a Portugal. Según fuentes del Ministerio del Interior, “no habrá control de fronteras”, por lo que en principio se podrá cruzar libremente entre los municipios del Baixo Miño y el otro lado de la raia sin miedo a ser sancionados. En este sentido, por tanto, el cierre perimetral marcado para Galicia se establece respecto a otras comunidades autónomas, como Asturias, pero no para otro Estado, como en este caso es Portugal.
La Xunta, por su parte, se mostró molesta porque se enteró de la reapertura fronteriza “por los medios de comunicación”. El vicepresidente gallego Alfonso Rueda exige al Gobierno “alguna explicación que hasta ahora brilla por su ausencia”, ya que a partir de hoy “cambia la situación completamente” sin que ni desde el Ministerio del Interior o el de Asuntos Exteriores hayan dado ninguna aclaración sobre esta apertura que “trasciende las competencias de una comunidad autónoma”. Rueda entiende que al seguir Galicia perimetrada los movimientos “quedan circunscritos a razones justificadas para poder hacerlos” y envió una carta al propio ministro del Interior para asegurar “el cumplimiento de esta medida”.
La Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Río Miño recordó el hecho de que la Xunta “no tiene competencias ni poder de decisión sobre las fronteras exteriores, por lo que no puede imponer órdenes sobre la movilidad”, manifestó ayer en boca de su vicedirector, Uxío Benítez, cuya interpretación también es que cualquier persona se puede mover libremente por la frontera: “No solo los trabajadores, sino también los ciudadanos que desarrollan su vida cotidiana o quieren acceder a todo el comercio transfronterizo”, apuntó. Y es que presumiblemente desde hoy los habitantes del Baixo Miño ya podrán cruzar a hacer sus tradicionales compras en Valença o en Vila Nova de Cerveira.
La apertura de los pasos fronterizos, especialmente puente entre Goián (Tomiño) y Vila Nova de Cerveira, supone el fin de los rodeos kilométricos que miles de trabajadores transfronterizos tuvieron que sufrir estos meses. Porque los ciudadanos de A Guarda, O Rosal o Tomiño tenían que acudir hasta Tui para poder cruzar al país luso y llegar a sus puestos de trabajo. Esto ha supuesto gravísimos problemas de conciliación para ellos, al tener que salir una hora antes de casa para llegar a su empresa. Y, obviamente, las consecuentes pérdidas económicas que han sufrido fundamentalmente por el aumento de gasto en combustible.
Ayudas económicas
Por eso, una vez se ha puesto fin al cierre fronterizo, la AECT Río Miño presentará de forma inminente un plan propio para reactivar económicamente los concellos de este territorio que compense el cierre de estos tres meses con fondos europeos. Uxío Benítez señaló que “ahora se abre un nuevo tiempo, el de la justicia y la reivindicación y la reparación de los daños creados”.
Benítez confirmó que la AECT va a demandar la compensación directa para el territorio con los fondos europeos Next Generation. Y es que toda vez que los municipios del río Miño tuvieron un perjuicio económico mayor que el que se constató y probó con estudios científicos realizados por la Universidade de Vigo, la AECT reclama que los Next Generation tienen que destinar partidas específicas concretas para reactivar económicamente el territorio. La entidad también solicita ayuda a los Gobiernos estatales para que pongan en marcha instrumentos de compensación económica directa a las personas trabajadoras que de media gastaron entre doscientos y trescientos euros en combustible y perdieron el tiempo en colas y rodeos durante el cierre fronterizo.
